La Procuraduría General del Estado pidió al Poder Judicial que el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado paguen, en forma solidaria, la suma de cuatro millones novecientos mil soles por daño extrapatrimonial al Estado a raíz de los casos acumulados Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
La defensa legal de nuestro país también demandó que el exmandatario y sus exministros paguen en forma solidaria, la suma de setecientos veintiocho mil seiscientos noventa y uno con 48 soles por daño patrimonial al Estado por estos casos acumulados.
La Procuraduría General del Estado presentó estas propuestas de pagos a favor de nuestro país dentro del requerimiento realizado para constituirse como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida al exmandatario y sus exministros por estos casos, la cual fue aceptada el último 29 de febrero por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
El magistrado determinó que la solicitud de constitución en actor civil de la defensa legal del Estado cumple los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal y porque, además, las partes procesales no han formulado oposición por escrito a este pedido.
Pago de reparación civil
La decisión del juez supremo Checkley Soria habilita a la Procuraduría General del Estado a poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a estos investigados de ser hallados culpables de los delitos de organización criminal agravada, colusión y tráfico de influencias agravado que se les imputan por estos casos.
La Procuraduría General del Estado señaló en su solicitud de constitución en actor civil que presentó una pretensión provisional y se reserva el derecho a variar y/o incrementar el monto postulado de surgir nuevos elementos de convicción en perjuicio de nuestro país.
El expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado cumplen 36 meses de prisión preventiva en los penales de Barbadillo y Miguel Castro Castro, respectivamente, mientras que el exministro Juan Silva está en calidad de no habido, a raíz de un mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra a raíz de este proceso penal, por lo que la justicia peruana ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.