La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial ser considerada como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que se le sigue a Luis Nava Guibert, exsecretario del Despacho Presidencial durante el segundo gobierno de Alan García y a un grupo de sus familiares por presunto lavado de activos.
Durante una audiencia virtual realizada el último viernes 5 de agosto, Miguel Chero, representante de la Procuraduría ad hoc, presentó, además, una propuesta para que los implicados paguen en forma solidaria las sumas de S/ 91 millones 482 709 y $ 59 millones 19 628 como reparación civil a favor del Estado a raíz de este caso.
El letrado sostuvo que esta es una propuesta de reparación civil provisional y que se reservan el derecho de poder solicitar un monto mayor en caso se detecte un mayor perjuicio económico al Estado durante el desarrollo de esta investigación preparatoria.
Al respecto, la defensa legal de Luis Nava Guibert y de los demás implicados pidió que se rechace la solicitud de la Procuraduría ad hoc al considerar que no cumple con los requisitos que establece la ley para que sea aceptada por el Poder Judicial.
Luego de escuchar a las partes, el juez Jorge Chávez Tamariz anunció que notificará su decisión dentro del plazo de ley.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez investiga a estas personas por supuestamente haber simulado contratos de la empresa de transportes Don Reyna con Odebrecht para esconder pagos indebidos que hizo la constructora brasileña en nuestro país durante el segundo gobierno del ahora fallecido expresidente Alan García.
Rechazo a detención domiciliaria de Luis Nava
Hace unas semanas, el Poder Judicial determinó que Luis Nava continúe afrontando bajo mandato de comparecencia con restricciones la investigación preparatoria en su contra por los casos Línea 1 del Metro de Lima y el Corredor Vial Interoceánico Perú Brasil, IIRSA tramos II y III, vinculados a Odebrecht.
Así lo resolvió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional al confirmar la resolución emitida por el juez Jhon Pillaca, quien en primera instancia declaró fundado el requerimiento hecho por Luis Nava, mediante su defensa legal, para que se le varíe la detención domiciliaria que pesaba en su contra por un mandato de comparecencia con restricciones dentro de este caso.
El tribunal superior desestimó así la apelación presentada por la Fiscalía para que se anulara el fallo del juez Pillaca Valdez, en el que se consideraba que dicho magistrado hizo una indebida apreciación de los hechos sobre el peligro de fuga de Luis Nava, por su estado de salud, hecho que fue valorado dentro de este proceso legal.
Al respecto, el colegiado superior determinó en su resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que existe una disminución procesal del peligro de fuga en atención al estado de salud de Luis Nava, quien adolece de enfermedades crónicas, y junto a sus arraigos, prevalecen ante otros criterios como la gravedad del delito y la pena probable a imponerle en este caso.