La minería ilegal afecta el desarrollo de todos los peruanos, sobre todo el de aquellos que viven en zonas vulnerables. Como reflejo del creciente impacto de este delito, el número de personas heridas y asesinadas, entre ellas, defensores ambientales, a causa del crimen organizado asociado a la minería ilegal sigue en aumento.
En atención a este problema, RPP y Minería de todos organizaron el seminario virtual “¿Qué hay detrás de la minería ilegal y cómo enfrentarla?”, en el que profesionales de diferentes ramas ahondaron en las causas de la expansión de este delito e hicieron una serie de recomendaciones para erradicarla.
El evento, conducido por Carlos Gonzales, conductor y editor de RPP La Libertad, llevó al debate la evaluación de las políticas públicas actuales que combaten la minería ilegal y qué cambios mejorarían su efectividad. Aquí te contamos las conclusiones a las que llegaron los expertos:
Ausencia del Estado atrae al delito
Sicariato, usurpación de concesiones, cobro de cupos y corrupción de autoridades son algunas de las manifestaciones de la criminalidad que arrastra la minería ilegal. De acuerdo con Greco Quiroz, consejero del Gobierno Regional de La Libertad, esta situación presente en diferentes regiones del país se ve exacerbada en el distrito norteño de Pataz.
El experto puso como ejemplo el caso de la captura de malos elementos policiales de la localidad. “La fiscalía intervino a todos los integrantes de la comisaría de Retamas. Los seis policías fueron detenidos por extorsionar a los mineros y permitirles llevar los explosivos [para sus labores]. S/80 000 les cobraban”, apuntó.
Para Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, la escalada de la minería ilegal en el Perú responde a una ausencia del Estado en territorios de explotación minera. Según la especialista, poblaciones con presencia de esta actividad ilegal suelen contar con menor acceso a servicios básicos -como salud, agua, luz o vivienda- de calidad.
“En la minería ilegal, con todo el perjuicio que genera, quienes están involucrados en ella reciben efectivo en cantidades que asumimos les permite tener acceso a algunos servicios, aunque no necesariamente los básicos”, afirmó.
Por ello, Bustamante plantea generar y diversificar las actividades económicas en estas zonas críticas que le permitan a la población tomarlas como opción antes de involucrarse en la minería ilegal y, por lo tanto, ser sujetos a convertirse en víctimas del crimen organizado.
Durante su intervención en el evento, César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, aseguró que esta corrupción de autoridades no solo tiene lugar a nivel de las localidades donde existe minería ilegal, sino que también alcanza a aquellas encargadas de legislar los marcos de la actividad minera y a quienes están a cargo del proceso de formalización.
“[Debemos revisar] a qué intereses responden los distintos proyectos de Ley, por ejemplo, que hemos recibido antes y durante Fiestas Patrias. Los congresistas son congresistas de la República, no de los mineros ilegales ni de los delitos ambientales. Deben responder a intereses comunes del país”, sentenció.
Resolver la falta voluntad, fiscalización y articulación
Además de la ausencia de Estado, los especialistas indicaron que existen deficiencias en las capacidades de las instituciones encargadas de velar por la realización de una actividad minera formal y legal. Como ejemplo, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ampara a todas aquellas personas con un proceso abierto para formalizarse, sin importar que se dediquen realmente a la explotación ilegal de recursos, sostuvo Ipenza.
Por su parte, Quiroz señaló que otras entidades como la SUCAMEC, la SUNAT y la SUTRAN deben poner más esfuerzos en la prevención de este delito fiscalizando con mayor firmeza la cantidad de explosivos que usan los mineros, así como el ingreso al país y el transporte de insumos -entre ellos el mercurio, fuerte contaminante- para la minería ilegal, respectivamente.
Al ser una problemática con diferentes aristas, la minería ilegal debe ser enfrentada de manera integral. Por ello, el experto aseguró que el trabajo conjunto y articulado de distintas instituciones debe pasar a ser liderado por la Presidencia del Consejo Ministros.
Sin embargo, para lograrlo, Bustamante planteó que no solo se necesitan buenas intenciones. “Puede existir una voluntad política, pero si no hay estrategia, no funciona. Se requiere una estrategia intersectorial e intergubernamental que garantice que todos los actores involucrados puedan cumplir sus funciones para erradicar la minería ilegal”, aseveró.
Esta estrategia, según la especialista, debe estar acompañada de un programa presupuestal “decente” que evidencie que la minería ilegal es, efectivamente, un problema nacional. En términos de gestión pública, este plan garantizaría la sostenibilidad de las acciones, trazaría metas concretas y permitiría medir su avance.
De acuerdo con los especialistas, toca pensar qué país queremos y hacia dónde debemos apuntar para conseguirlo. Para afianzar la lucha por la erradicación de la minería ilegal en el Perú, es necesario una mayor presencia del Estado en las zonas vulnerables, que cree oportunidades y que fiscalice y sancione ejemplarmente la actividad ilegal.