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Poder Judicial evaluará si Zoraida Ávalos continuará afrontando investigación preparatoria por caso Pedro Castillo

El Poder Judicial evaluará el próximo viernes, 31 de mayo, si la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos continúa o no afrontando una investigación preparatoria por haber suspendido las investigaciones que inició su despacho al entonces presidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en el año 2026, tras hacer una interpretación del Artículo 117 de la Constitución Política.

En audiencia virtual programada para las 9 de la mañana, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación que presentó la Procuraduría General del Estado para que se revoque la resolución emitida por el juez Supremo Juan Carlos Checkley, el 23 de noviembre del 2023, en la que declaró el sobreseimiento o archivo de esta investigación preparatoria seguida a Zoraida Ávalos. Esto al declarar fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que interpuso su defensa legal en el que se sostiene que los hechos atribuidos a la exfiscal de la Nación no constituyen el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado.

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín escuchará ese día los argumentos que presenten los abogados de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.

Días atrás, dicho colegiado supremo confirmó la incorporación de la Procuraduría General del Estado como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de esta investigación preparatoria. La defensa legal de nuestro país consignó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial para que Zoraida Ávalos pague la suma de 200 mil soles como reparación civil a favor del Estado a raíz de este caso.

El miércoles, la Tercera Sala Constitucional de Lima ordenó la reincorporación inmediata de la doctora Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público tras declarar fundada, en parte, una demanda de amparo para dejar sin efecto la decisión que adoptó el Pleno del Congreso de la Republica en junio del 2023 en la que ordenó inhabilitarla por cinco años para ejercer cargo público por una presunta infracción constitucional en raíz de este caso.

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