Un megaoperativo se llevó a cabo esta madrugada del viernes 5 de agosto en la que la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) y la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajaron en conjunto y desarticularon a una presunta banda criminal que se dedicaría a la trata de personas.
Las respectivas autoridades detuvieron a ocho personas que integrarían esta organización delincuencial, cuyo nombre es 'El Imperio del Sur', que estaría conformada por ciudadanos peruanos, colombianos y venezolanos, quienes se dedicarían a la explotación sexual de mujeres extranjeras y peruanas.
Fiscalía investiga a los detenidos por los delitos de explotación y facilitación sexuales agravadas derivadas de una situación de trata de personas. Ambas violaciones a la ley son castigadas con pena privativa de libertad no menor de 20 años.
Según dio a conocer la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de la Fistrap, los individuos detenidos estarían en esta actividad ilícita desde 2019.
Desde entonces ya habrían captabado mujeres venezolanas y colombianas para ofrecerles viajes a Lima con falsas ofertas laborales. Sin embargo, al llegar al sitio prometido, eran sometidas y explotadas sexualmente.
¿Cómo fue y quiénes intervinieron en el operativo?
Frente a estos indicios, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima solicitó el allanamiento de 25 inmuebles ubicados en los distritos de Lince, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos, que habrían funcionado como lugares de retención y acogida.
De estos inmuebles, 13 habrían sido utilizados con fines de explotación sexual.
Cabe mencionar que en las intervenciones participó también el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
Este megaoperativo reunió a 63 fiscales que colaboraron en el desarrollo de las diligencias; así como, el personal de la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos (UDAVIT),el personal de la DIVIAC y los defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De esta forma, se permitió la articulación de instituciones del Estado para garantizar los derechos de las víctimas e imputados.