El Pleno del Congreso elegirá este jueves al próximo defensor del Pueblo en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política. Así lo acordó esta tarde la Junta de Portavoces del Parlamento.
El informe final de la Comisión Especial de selección de candidatos aptos para el puesto puso en agosto una terna final de tres postulantes para ese importante cargo: Carlos Castro Barriga, Jorge Luis Rioja y Beatríz Ramirez.
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señala que para que elegir al reemplazo de Walter Gutiérrez, quien dejó su puesto en abril de este año, se requiere el voto de los dos tercios del número legal de congresistas.
Eliana Revollar Añaños ejerce desde hace seis meses el cargo interino como defensora del Pueblo hasta que el Parlamento escoja al funcionario de manera formal.
Walter Gutiérrez asumió la dirección de la Defensoría del Pueblo desde el 2016. Su gestión debió finalizar en setiembre de 2021, según señala la normativa vigente, pero se mantuvo por más tiempo hasta su renuncia.
Durante la presentación de su renuncia, anunció que su institución presentó una “demanda competencial por menoscabo” ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el gobierno de Pedro Castillo.
Sindicato en contra de la elección
El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo siempre estuvo en contra de todo el proceso que realiza el Parlamento. El pasado lunes 15 de agosto enviaron un oficio a la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, para exigirle que se acate la decisión del Poder Judicial (PJ) de suspender temporalmente la elección.
“Hacemos un llamado al Congreso para que, en medio de la crisis política e institucional en la que se encuentra sumido nuestro país, sepa actuar con racionalidad y ponderación en el cumplimiento de sus funciones parlamentarias”, se lee en la misiva.
El sindicato de la entidad lamentó que, a pesar de la orden judicial, el Legislativo siguió adelante con el proceso para escoger al sucesor de Walter Gutiérrez.
La respuesta del Congreso no se hizo esperar porque aprobaron interponer una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad esclarezca las competencias que le corresponden al primer poder del Estado y determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial mediante una resolución.
La congresista Ruth Luque fue una de las más críticas esta decisión y manifestó su oposición a la presentación de esta demanda debido a que, en sus palabras, busca no acatar una decisión judicial y, con ello, se intenta decir que el Legislativo es una "isla con poder absoluto".