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El Poder Judicial iniciará este lunes 22 de abril la evaluación del pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria de Provias Descentralizado, Elizabeth Ugarte, como parte de la investigación preparatoria que se le inició por el caso ‘Los intocables de la Corrupción’.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 2:30 de la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz analizará el requerimiento que hizo el fiscal José Luis Quispe Changanaqui el último 10 de febrero contra Ugarte Manrique, a quien investiga por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y alternativamente por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El magistrado también notificó al abogado de la investigada para su concurrencia obligatoria a esta audiencia virtual bajo apercibimiento o "advertencia" de ser reemplazo por un defensor público

En la actualidad, Elizabeth Ugarte se encuentra en calidad de ‘no habida’ por la justicia al encontrarse fuera del país tras haber viajado en enero último a Tailandia con escala en Francia, hecho que se conoció cuándo el Poder Judicial había ordenado su detención preliminar y allanamiento a su vivienda a pedido de la Fiscalía a raíz de este caso.

El juez Jorge Chávez Tamariz también programó para el lunes 13 de mayo a las 3 de la tarde la audiencia virtual para evaluar una tutela de derechos que presentó el abogado de Elizabeth Ugarte en la que alega una lesión al derecho fundamental de la defensa de su patrocinada en esta investigación.

Investigación

Según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ‘Los Intocables de la Corrupción’ están dedicados a promover lobbies ilícitos para apropiarse de dinero del estado a través de contrataciones públicas fraudulentas en Provias Descentralizado que, según colaboradores eficaces, se habrían realizado durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra (marzo del 2018 a noviembre del 2020).

El último 11 de marzo, el Juez Miguel Quevedo Melgarejo dictó 36 meses de prisión preventiva contra los exfuncionarios de Provias Descentralizado Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, implicados en este caso.