El Poder Judicial confirmó la resolución que autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de dos teléfonos celulares que fueron incautados por la Fiscalía en la vivienda del expresidente Alan García ubicada en el distrito limeño de Miraflores tras la muerte del exmandatario el 17 de abril del 2019.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional adopto esta medida al rechazar el recurso de apelación que presentó la familia del exmandatario para que se revocará la resolución que emitió el juez Leodan Cristóbal Ayala en la que declaró fundado el requerimiento que hizo el fiscal José Domingo Pérez Gómez para que se autorice judicialmente la ejecución de esta medida sobre estos equipos incautados como parte de la investigación preparatoria seguida al exministro apristaLuis Nava y otros por el caso del Metro de Lima vinculado a Odebrecht.
Mediante una resolución emitida este 24 de mayo, la sala superior determinó que la resolución de primera instancia emitida por dicho magistrado no vulnera el principio de legalidad procesal penal, en tanto ha cumplido con lo establecido en el Código Procesal Penal y está debidamente fundamentada.
Respecto a estos equipos, el juez Leodan Cristóbal Ayala autorizó la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización y almacenamiento de correos electrónicos y demás comunicaciones o correspondencia informática enviadas, recibidas almacenadas, borradas de cualquier modalidad del contenido de los dispositivos de almacenamiento.
El magistrado estableció la prohibición de cualquier tipo de extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de información y otra similar ajena a la esta investigación formalizada y determinó además que una vez ejecutada está medida la autoridad fiscal deberá dar cuenta de su ejecución a su juzgado para los fines de ley.
LAS RAZONES PARA EJECUTAR ESTÁ MEDIDA
Mediante una resolución emitida el último 11 de marzo a la que tuvo acceso RPP, el juez Leodan Cristóbal Ayala precisó que la medida decretada por su despacho es idónea, necesaria y proporcional al precisar que si bien el expresidente Alan García fue excluido de esta investigación tras su muerte, con la solicitud presentada, el ente fiscal no busca información penal respecto a la persona fallecida, menos de sus herederos, sino sobre los otros investigados con los que el exmandatario tuvo comunicación en vida con el uso de los equipos incautados "por lo que resulta legítima la solicitud respecto a la intervención de equipos de la persona fallecida".
"Los equipos celulares incautados podrían contener elementos de convicción que coadyuven a esclarecer hechos máxime si se investiga presuntos hechos de lavado de activos a través de empresas off shore vinculadas a la empresa Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera" puntualizó.
El juez Leodan Cristóbal Ayala remarcó que si bien esta incautación fue realizada por la Fiscalía Provincial de Miraflores, esta instancia dejo expresa constancia que dichos equipos se encontraban a disposición del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.
Previo a esta decisión, la defensa legal de los herederos del exmandatario habían solicitado que se declarará "improcedente" este requerimiento fiscal por ser contrario al marco normativo y contener un pedido "jurídicamente imposible" pues de manera encubierta se estaría buscando levantar el secreto de las comunicaciones de una persona fallecida a quien ya se le declaró extinguida la acción penal.
También argumentó que los herederos del exmandatario no son parte de este proceso, no existen suficientes elementos de convicción que vinculen de manera concreta al exjefe de Estado para seguir considerando que sus equipos telefónicos pudieran servir para descubrir esa suerte de liderazgo de una organización criminal y que el fiscal no estableció de manera concreta a que hechos o que actos o situaciones podrían servir esas comunicaciones, por el contrario, "lo que se quiere pedir es toda la información como una suerte de pesca para ver que encuentra".
Ciberdelincuencia en el Congreso
El congresista Paul Gutiérrez, de la Bancada del Bloque Magisterial, ha presentado proyectos de ley sobre temas educativos copiando párrafos enteros de documentos producidos con inteligencia artificial.
