La Defensoría del Pueblo registró en agosto 209 conflictos sociales, de los cuales 149 permanecen activos (73.1 %) y 60 latentes (26.9 %).
En su Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 222, indicó que, del total de los conflictos, 133 (63.6 %) son socioambientales, 22 (10,5 %) comunales, 15 (7,2 %) relacionados con el Gobierno nacional, 13 (6,2 %) con los gobiernos regionales, 10 (4,8 %) con los gobiernos locales, 6 (2,9 %) de carácter laboral, entre otros.
El organismo detalló que de los conflictos socioambientales activos y latentes, el 66,9 % (89 casos) corresponde a las actividades mineras y el 18,8 % (25 casos) están relacionados con actividades de hidrocarburo.
De acuerdo con el informe, el mes pasado se registraron también 337 acciones colectivas de protesta, 63 más que en julio. Del total, el 60,2 % (203) fueron plantones y el 41,2 % (139) fueron protagonizados por gremios de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados.
Nuevos conflictos
La Defensoría del Pueblo señaló también que en agosto surgieron tres nuevos conflictos sociales: dos de ellos de carácter ambiental, en las regiones de Madre de Dios y Puno, y otro por asuntos relacionados con el gobierno local, en Cajamarca.
En el primer caso, mineros ilegales y población de la zona La Pampa se oponen a los operativos de interdicción contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. En Puno, autoridades, criadores alpaqueros y comités de usuarios de agua y pobladores del distrito de Cojata exigen al Estado la declaratoria de emergencia de la cuenca Suches, así como la cancelación de las concesiones mineras y la ejecución proyectos de inversión pública para la remediación ambiental del río.
De igual manera, en Cajamarca, ciudadanos de la comunidad de Alto Perú demandan a la Municipalidad Distrital de Chontalí culminar la ejecución del mejoramiento del camino vecinal en el tramo Tabacal – Alto Perú.