El Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en la investigación penal, conocido como Ley Mordaza. Luego de más de una semana de su anuncio, el proyecto que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres llegó a mesa de partes del Parlamento.
El proyecto de ley busca incorporar el artículo 409-C al Código Penal para sancionar la difusión de información reservada de la investigación penal.
El texto propuesto dice lo siguiente:
“El agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que, proporcione o difunda información de carácter reservada en los términos previstos en la ley, a personas no legitimadas, a la que tuvo acceso debido a su situación jurídica y/o rol, poniendo en riesgo los fines de la investigación penal, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años.
Si la conducta descrita en el primer párrafo es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de tres años.
Si, cualquiera de los sujetos comprendidos en los párrafos precedentes, directa o indirectamente, difunda la información antes referida a través de los medios de comunicación social u otros de difusión masiva, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".
En RPP Noticias, presentamos algunos de los temas judiciales relacionados al poder político que no se hubieran conocido si se tuviera esta ley vigente.
1. Investigación a Pedro Castillo
El exfiscal de la Nación Pablo Sánchez incluyó al presidente Pedro Castillo en una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado.
Según la hipótesis fiscal, el presidente es considerado como supuesto líder de una organización criminal, cuyo objetivo habría sido favorecer a empresas que lo apoyaron durante su campaña.
En la disposición fiscal filtrada a la prensa se señala que un colaborador eficaz dijo que el empresario investigadoZamir Villaverde le habría entregado S/30 mil al presidente por intermedio del exministro Juan Silva.
2. Declaración de Karelim López
La abogada y lobista Karelim López salió a la luz pública cuando se reveló que asistió a la casa de Breña, a donde acudía con regularidad el presidente Pedro Castillo. Karelim López tiene dos investigaciones abiertas en la Fiscalía. Una por su supuesta vinculación con el presunto acto de corrupción en torno a la licitación de la obra Puente Tarata III y otra por presunto lavado de activos.
De haber estado vigente la Ley Mordaza, no se hubiera conocido que López declaró ante la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra Lavado de Activos. En dicha declaración, la aspirante a colaboradora eficaz sostuvo que hay una presunta organización criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El abogado de la empresaria, lobista y colaboradora eficaz Karelim López, César Nakazaki, ha manifestado que su declaración a las autoridades, y luego difundidas al público, han podido abrir líneas de investigación en torno al presidente Pedro Castillo.
3. Investigación a Zamir Villaverde y Juan Silva.
Precisamente tras las declaraciones de Karelim López, se comenzó a investigar a Zamir Villaverde, hombre vinculado al ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente.
Los medios difundieron la declaración de un colaborador eficaz que reconoció ante la fiscalía las voces del audio en las que se revela la entrega de una presunta coima de S/ 100 000 por obras públicas. Las voces del audio corresponden a las del empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva.
La transcripción del audio se menciona que Zamir Villaverde entregó "cien grandes" por parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) al exministro Juan Silva como “un presente de buena señal”, presuntamente por la licitación de la obra Puente Tarata.
El exministro Juan Silva tiene una orden de detención preliminar por 15 días en su contra. Es investigado por ser presuntamente integrante de una supuesta organización criminal instalada en el aparato estatal y que sería encabezada por el presidente Pedro Castillo. Juan Silva permanece prófugo desde el 2 de junio.
4. Dinámicos del Centro
La investigación del caso Los Dinámicos del Centro empezó como una pesquisa de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional a un grupo de funcionarios del Gobierno Regional de Junín supuestamente involucrados en la expedición irregular de licencias de conducir.
Indicios relacionados a la investigación -y que no conoceríamos- son las escuchas legales que se realizaron a funcionarios del Gobierno Regional de Junín que revelan conversaciones en torno a las vacantes disponibles para contratar a militantes del partido Perú Libre.
Además, no se conocerían detalles de las detenciones de los miembros de la presunta organización criminal. Por ejemplo, Waldys Vilcapoma, ex director regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC),lanzó su celular al inodoro cuando fue detenido. El celular logró ser recuperado y las conversaciones de WhatsApp revelan que los involucrados en la investigación estaban al tanto de la orden judicial.
5. Cuellos Blancos
El caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ ha sacudido desde mediados del 2018 el panorama político y judicial del Perú. Esta investigación ganó notoriedad pública tras filtrarse audios de las interceptaciones telefónicas de jueces, fiscales, abogados, empresarios y consejeros del hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Las conversaciones dieron cuenta de una presunta red de corrupción entre estos actores, cuyo completo alcance aún está por determinarse.
6. Lava Jato
Odebrecht reconoció que pagó sobornos en Perú entre los años 2005 y 2014. Se revelaron donaciones no declaradas con las que se financiaron irregularmente a las campañas electorales de gran parte de los líderes políticos del país.
En el marco de este caso están investigados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006),Alan García (2006-2011),Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018),además de la excandidata presidencial Keiko Fujimori; y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
El caso Lava Jato es otro gran ejemplo de ‘megacorrupción’ que no se hubiera hecho público si se tuviera vigente la Ley Mordaza.
Reacciones
Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, calificó de “mordaza” el proyecto de ley, debido a que implica “un blindaje” a los presuntos actos de corrupción que se investigan o a las personas involucradas en corrupción.
“Si bien el proyecto de ley no establece una sanción a periodistas, lo cual lo haría mucho peor, sí establece que medios de comunicación son vistos como enemigos de las investigaciones fiscales”, refirió.
Asimismo, criticó que este proyecto se plantee en momentos en los que actores del Gobierno, incluido el propio presidente Pedro Castillo, están siendo investigados. “¿Qué legitimidad tiene un gobierno que está involucrado en tantos actos de corrupción para enviar un proyecto de ley que justamente evita que la ciudadanía pueda enterarse de las investigaciones fiscales, porque prohíbe que estas lleguen a la prensa?”, se preguntó.
Adicionalmente, alertó que este proyecto no solo es un atentado contra la libertad de prensa, también atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía. “Si los periodistas no recibimos información por parte del proceso, ¿cómo se entera la gente en el Perú que un acto de corrupción está siendo investigado?”, dijo.
Salazar Zimmermann señaló que las instituciones judiciales son débiles, por lo que es difícil confiar a “ciegas” de un proceso justo contra personas involucradas en casos de corrupción. “Podríamos [...] estar realmente con los ojos vendados y con tapones en los oídos, mientras la fiscalía investiga por su cuenta sin que haya fiscalización periodística”, cuestionó.
Por su parte, el abogado Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lamentó la decisión del Gobierno de presentar al Congreso este proyecto de ley.
"Reiteramos que hay un riesgo sobre la libertad de información y el ejercicio, sobre todo, de la profesión del periodismo, quienes podrían no acceder a las fuentes que se requieren para temas de interés público", señaló.
El representante de la Defensoría del Pueblo dijo que sancionar a quien revele información sobre investigaciones fiscales que sea de interés público "genera un efecto de bola de nieve".
"Lo que se está planteando es una sanción penal y es la mayor restricción que puede haber a la libertad personal. En ese sentido, creemos que posiblemente puede haber otras alternativas para proteger principios como la presunción de inocencia, sin tener que llegar a este punto que tiene un efecto de bola de nieve", indicó y sostuvo que, por proteger principios en torno al proceso penal, se privará a la población de conocer detalles relacionados, por ejemplo, con casos graves de corrupción.
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