El Poder Judicial aprobó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato para que el Estudio Echecopar sea incorporado como tercero civilmente responsable en el caso 'Gasoducto Sur Peruano II'.
Con esta decisión judicial, el bufete de abogados asumirá de manera solidaria, conjuntamente con el resto de investigados, el eventual pago de la reparación civil que se imponga al final del proceso penal, en el que se investigan los presuntos delitos en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Según la tesis fiscal, el Estudio Echecopar fue contratado como asesor de Proinversión para elaborar un informe legal que justificó la descalificación irregular del consorcio competidor Gasoducto Peruano del Sur, favoreciendo con ello al consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Odebrecht y Enagás.
Montos preliminares de reparación civil
El informe legal emitido por el referido estudio fue firmado por los abogados Jorge Danós y Sofía Reyna. La investigación penal está a cargo de la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
Hasta el momento, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha solicitado en esta investigación los montos preliminares de reparación civil que ascienden a US$ 1,302’354,891.26 y S/ 200,603.13, por los daños causados al Estado peruano.
Para la procuradora ad hoc Silvana Carrión, "esta decisión representa un hito judicial importante en el aseguramiento de las reparaciones civiles, puesto que se trata del primer estudio de abogados incluido en un proceso penal bajo el esquema Lava Jato en calidad de tercero civilmente responsable, con miras a pagar la eventual".