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El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que imponga mandato de comparecencia con restricciones al exfiscal supremo titular Luis Arce como parte de la investigación preparatoria que se le inició como autor del presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

El requerimiento fue presentado el último 21 de junio por la Segunda Fiscalía suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que, además, pidió que se le imponga a dicho exmagistrado el pago de S/ 150 000 como caución económica dentro de este caso.

La instancia suprema fiscal también pidió mandato de comparecencia con restricciones a Wilder Arce Córdova y a Nelton Javier Arce Cordova, familiares de dicho exfiscal y que se les imponga el pago de sumas de S/ 100 000 y S/ 50 000 como caución económica, respectivamente, así como el impedimento de salida del país de ambas por 18 meses.

Asimismo, solicitaron que se dicte suspensión preventiva de derechos en la modalidad de suspensión temporal en el cargo para Wilder Arce Córdova como magistrado en la región Ucayali por un plazo de 24 meses.

Investigación

El requerimiento fiscal fue remitido al despacho del juez supremo Juan Carlos Chekley Soria, quien programó para el miércoles 6 de julio una audiencia virtual para analizar estos pedidos con la participación de las partes involucradas, para que se emita una decisión al respecto.

Dicha Fiscalía Suprema investiga al Luis Arce por un presunto incremento de su patrimonio durante su desempeño como magistrado que se inició en 1994 como juez especializado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y luego como representante titular del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, se aprecia que en su periodo funcional registró la adquisición de numerosos bienes inmuebles y muebles, de los cuales se destacan cinco predios que fueron comprados en 2017, uno de ellos cancelados al 100% en solo un año.

Asimismo, se considera la compra de cinco vehículos, cuatro de ellos adquiridos en 2002, 2003, 2006 y 2007, y la adquisición de 7 vehículos por parte del hijo del ahora exfiscal supremo. Uno de ellos se realizó, a través de una transacción en 2013 cuando tenía solo 18 años.