La Fiscalía de la Nación informó este miércoles que presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, por la presunta comisión de los delitos de concusión y colusión agravada.
El organismo, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, precisó que en cuanto al delito de concusión los hechos están relacionados a la contratación de Carlos Augusto Marina Puscán y María Greta Deza Batallano en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.
Como se recuerda, este extrabajador del Congreso denunció que le pedían un aporte mensual voluntario de 1 500 soles por laborar en dicha comisión liderada por la parlamentaria.
En marzo del año pasado, un reportaje del programa Punto Final reveló que -de acuerdo con el testimonio del denunciante- Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de la parlamentaria, era el encargado del cobro de cupos, “un día o dos días después” de que el Legislativo le abonaba su remuneración.
“Él nos pedía que el aporte sea en efectivo, no a través de cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado y en un cuarto cerrado”, contó aquella vez.
Sobre el destino del dinero, Marina Puscan señaló que “ahí me dijo (en referencia a Romero): ‘sabes, Carlos, te voy a ser totalmente sincero. El dinero que ustedes están aportando es para el bolsillo de la congresista, porque está endeudada hasta el cuello por el tema de campaña’”.
Presunta contratación irregular
Respecto al delito de colusión agravada, la Fiscalía sostuvo que está vinculado a la contratación en el despacho congresal de Camila Melissa Mantilla Heredia.
Según las investigaciones, Magaly Ruiz contrató, desde febrero del 2022 hasta marzo del 2023, a la referida joven, entonces pareja sentimental de su hijo Jeffrey Marrufo.
Un informe del programa Punto Final reveló que Mantilla Heredia tenía una carrera universitaria en curso cuando entró a laborar en el cargo de asistente 2 en el despacho de la parlamentaria.
La nota periodística detalló que la joven presentó su currículum vitae y firmó una serie de declaraciones juradas. En uno de ellos declaró, bajo juramento, que trabajó en “asesoría de comunicación” para la Universidad Privada de la Selva (UPS) del 13 de setiembre del 2019 al 25 de octubre del 2021. No obstante, quien firmó la constancia laboral dijo no conocerla.
Finalmente, la Fiscalía de la Nación dio a conocer que el pasado 11 de abril inició diligencias preliminares contra la referida congresista, Richard David Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
Lo que más daño nos puede hacer es que las hipótesis no se confirmen y que prosperen las interpretaciones según las cuales todo se reduciría a un conflicto entre facciones opuestas al interior de la Fiscalía.
