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Hoy sabremos quién será elegido presidente del Congreso, para reemplazar a Lady Camones, censurada por someterse a la presión de los intereses particulares de su líder partidario, Cesar Acuña. La elección es tanto más importante, que en caso de renuncia o vacancia presidencial, el presidente del Congreso asumiría el Ejecutivo, como sucedió el 2020, después de la vacancia de Martín Vizcarra. En estas circunstancias y a menos de dos meses de la última elección de Mesa Directiva, hubiéramos podido esperar que se presenten candidaturas que expresen concertación entre las diferentes bancadas. La primera responsabilidad de los congresistas es restablecer la confianza de los ciudadanos, que muestran en sucesivas encuestas el bajísimo nivel de aprobación a la gestión del Congreso. Pero lejos de eso, los congresistas no parecen dispuestos a reconocer el daño que causan a su imagen hechos sucedidos durante las últimas semanas: un caso de violación sexual ante la pasividad de la Subcomisión de acusaciones, un vicepresidente condenado a seis años de cárcel por corrupción, un investigado por la Fiscalía a la cabeza de la Comisión de presupuesto. ¿Qué puede explicar que hayan seis candidatos, que no supieron ponerse de acuerdo en torno a una plataforma de lucha contra la corrupción? Los candidatos propuestos por Perú Libre, Acción Popular, Avanza País, Podemos, Integridad y Desarrollo y Perú Bicentenario se exponen a transmitir el peor de los mensajes: que el país no puede contar con un Congreso en el que la prioridad sea el funcionamiento transparente del Estado y para ello, la exigencia de honestidad. El Ejecutivo avanza en su estrategia para garantizarse impunidad. El Congreso cede ante apetitos de partidos que dan la espalda a las necesidades de los más vulnerables y a las amenazas que se ciernen sobre la economía, la democracia y la paz social.

Las cosas como son