La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el accionar de las rondas campesinas tras lo ocurrido en La Libertad con la agresión a ocho personas. Al respecto, reconoció que recortar la libertad de tránsito de las personas va en contra de los derechos humanos y que se tendría que evaluar las competencias de las rondas.
"El tema de los ronderos habría que revisar sus competencias, pero tenemos también a nuestros hermanos de las comunidades nativas. Cuando uno ingresa a la selva tiene que pedir autorización al apu de la comunidad para poder ingresar. Hay usos y costumbres y dentro del Derecho decimos que lo que son usos y costumbres se hace ley", indicó.
Durante una actividad, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social calificó como "más de lo mismo" la denuncia en su contra -revelada este fin de semana- por un presunto favorecimiento al Club Departamental Apurímac para una condonación de una deuda en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Es más de lo mismo que está sacando algún medio de comunicación, y en su oportunidad, cuando el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, me notifique para poder apersonarme al Congreso. Gustosamente estaré ahí, respondiendo con la verdad sobre aquellos malentendidos. Dina Boluarte no es corrupta", apuntó.
"Posiblemente" se cometieron agresiones
Esta mañana, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Chillia, en la provincia de Pataz, La Libertad, Manuel Quijano, negó que hayan secuestrado a un grupo de mujeres acusadas de asesinato y aclaró que se trató de una "intervención" por el rechazo que generó en la población el caso de supuesta hechicería cometido por las mujeres que mantuvieron detenidas.
"Aclarar que las señoras no han sido secuestradas, han sido intervenidas por un grupo de rondas que habían recibido una denuncia de los señores que eran víctimas con actos de hechicería (producto de ello ha muerto una señora). La población indignada por esa situación decidió tomarlas a las señoras y pasarlas a su cadena ronderil, previa aprobación", indicó.
En entrevista con RPP Noticias, el dirigente ronderil negó que haya ocurrido agresiones contra las personas retenidas, pese al testimonio de la hija de una de las mujeres agraviadas y al comunicado de la Defensoría del Pueblo. Al ser consultado -nuevamente- por las agresiones reportadas, el dirigente reconoció que "posiblemente" esto pudo haber ocurrido.
"Cuando me he enterado de los hechos, he acudido con el subprefecto para que se esclarezca esta situación y, efectivamente, las señoras han manifestado ser culpables de la muerte de la señora Sonia Inga y de la enfermedad de la persona que ha perdido el habla. La población se ha indignado por esa situación y los ha sentenciado a cadena ronderil", apuntó.