Estamos muy cerca de cumplir 30 años de la Proclamación de las Naciones Unidas del 9 de agosto como Día internacional de los Pueblos Indígenas y el año pasado, Perú celebró el bicentenario de su Independencia.
Como señala Carmen Mc Evoy, la Independencia lleva consigo una agenda vinculada a la libertad, la justicia y la igualdad. Podríamos pensar que con el tiempo hemos ido madurando o aprendiendo, reconociéndonos como país intercultural, pero lo cierto es que nada se encuentra más lejos de nuestra realidad.
En estos momentos, podríamos estar celebrando nuestra riqueza cultural, el valor y aporte los pueblos indígenas a un país tan diverso y con tanta historia como el Perú, o reconociendo su importancia en la protección de nuestros bosques y su biodiversidad. Sin embargo, estamos enfrentando uno de los momentos más críticos para la salvaguarda de sus derechos, con situaciones de riesgo que vienen desde diferentes frentes.
En los últimos meses se ha presentado una fuerte campaña que busca desconocer la existencia y necesidad de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, promoviendo la derogación del marco legal que les da protección, utilizando argumentos que van desde acaparamiento de tierras, hasta la supuesta condena a la pobreza a toda una región por no poder utilizar los recursos naturales de estas áreas. Preocupa que esta campaña sea liderada por empresarios de Loreto, la región amazónica más grande del Perú, y que sea apoyada por su gobernador regional, cuando justamente deberían estar, empresarios y autoridades, entre los principales promotores de un desarrollo sostenible, acorde con lo que la crisis climática demanda actualmente.
Deberíamos estar evolucionando, mejorando y reforzando los niveles de protección de los pueblos aislados, dotando a las áreas donde se encuentran de intangibilidad absoluta, para así como peruanos respetar su modo de vida y tratar de preservarla al máximo. Sin embargo, nos encontramos tratando de desconocerlos o invisibilizarlos, poniéndolos en riesgo, con argumentos basados en fines netamente económicos. Dotar de seguridad jurídica a estos territorios es una deuda histórica que más allá de saldar constantemente tratamos de borrar por nuestra poca o nula capacidad de actuar correctamente, condenándolos quizás a la desaparición.
Otro ejemplo de nuestro lento, nulo o equivocado andar, es la situación de la brecha de la titulación de las tierras de los territorios de las comunidades nativas y campesinas. Los distintos gobiernos han implementado grandes proyectos y sistemas de endeudamiento, logrando muy pocos avances a favor de la seguridad juridica de los pueblos indígenas. Este retraso sigue generando el avance desmedido de la ilegalidad y la búsqueda de terceros por tomar estos territorios, situación que pone en riesgo a muchos líderes indígenas, que terminan por enfrentarse a la delincuencia o al crimen organizado, perdiendo incluso la vida por la defensa de su territorio. El número de defensores indígenas asesinados sigue creciendo y la impunidad nos mira muy segura de que nada pasará y que la misma situación se mantendrá, porque más allá de avanzar en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, seguimos como país buscando mecanismos para no protegerlos u otorgarles los derechos que les corresponden.
Hoy no faltarán los discursos en los que se celebre su identidad, sus aportes a la biodiversidad, sus conocimientos tradicionales, sus múltiples y maravillosas enseñanzas, la lucha sin cuartel a la crisis climática, pero ¿cuándo haremos algo que no solo sea dar las gracias? ¿Cuándo actuaremos correctamente salvaguardando sus derechos y sobre todo su vida? Exijamos respuestas y acciones concretas.
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