Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, calificó de "no viable" el proyecto de ley que presentaría el Ministerio de Justicia para condenar a menores de edad que cometan crímenes.
"No es viable, al igual que lo era cuando se pone a discusión desde el punto de vista político la vigencia de pena de muerte", acotó en RPP Noticias.
Fernández recordó que el Perú ha firmado diversos acuerdo internacionales de derechoshumanos y que defienden a los niños y adolescentes.
"La convención sobre los derechos del niño en su artículo primero establece que el estatus jurídico del niño es hasta los 18 años de edad. Tenemos en nuestra Constitución donde dice que la comunidad y el Estado protege especialmente al niño", precisó.
Por ello, indicó que el Estado tendría que renunciar a estos y otros tratados para que la iniciativa planteada por el Ejecutivo ante el Congreso tengan validez.
Fernández también recalcó que ya existe un código penal especial que sanciona a los adolescentes que cometen crímenes.
"Si bien es cierto, el código penal en el artículo 20, inciso 2, establece que está exento de responsabilidad penal los menores de 18 años, el código penal se refiere a la responsabilidad penal en el sistema de adminsitración de justicia penal para adultos. Nuestro código de responsabilidad penal para adolescentes, establece una responsabilidad penal especial a adolescentes que cometen infraciones que se encuentran tipificadas en el código penal. Se refiere al grupo de mayores de 14 y menores de 18 años", explicó.
Asimismo, recordó que tanto el Instituto Nacional Penitenciario, como el Programa Nacional de Centros Juveniles, está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De otro lado, sostuvo que es mínimo el número de adolescentes que han cometido algún delito. "En los penales, que son 68, tenemos albergados 90 mil personas privadas de la libertad. En el caso de adolescentes tenemos 1700", apuntó.
En ese sentido, consideró que "es importante que nuestras autoridades tengan una mirada especial al tratamiento que se da a los adolescentes que están en los centros juveniles".
"No hay respaldo técnico"
El abogado penalista Gilmar Andía, exviceministrio de Justicia, se refirió al tema y recordó que en el año 2017 se aprobó el código de responsabilidad penal de los adolescente.
"Lo que pasa es que existen obligaciones internacionales que dicen que los adolescentes deben tener responsabilidad penal bajo una justicia diferenciada, porque justamente se les reconoce su vulnerabilidad y esta capacidad no completa de maduración social, por lo cual debe ser protegida por el Estado", manifestó en RPP Noticias.
Andía señaló que "no hay ningún respaldo técnico" para concluir que se reduciría la inseguridadciudadana encarcelando a los adolescentes que comentan algún delito, como lo está proponiendo el Ejecutivo.
"Los adolescentes en el conflicto con la ley penal se ven rodeados de una serie de factores criminológicos: hogares de violencia, violación sexual, pandillaje, abandono, que los lleva a entrar a ese mundo delincuencial. Lo que el Estado viene haciendo es una politica de prevención para evitar que los adolescentes entren en circulos delictivos", apuntó en referencial al actual código penal que sanciona a los adolescentes con una justicia diferenciada.