Aedo recordó que existe una deuda pendiente de parte del Estado para frenar la minería y tala ilegal que pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Al respecto, sostuvo que la Defensoría del Pueblo viene alertando sobre el incremento de ataques y amenazas a defensores ambientales desde el año 2020. Asimismo, informó que hay una carencia de políticas públicas con enfoque intercultural y territorial hacia los miles de peruanos que forman parte de estas comunidades, poniéndolos en una situación de vulnerabilidad porque no existen servicios públicos adecuados en sus territorios
La jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo aseveró que dentro de las comunidades nativas hacen falta más escuelas para el nivel secundario, debido a que niños y adolescentes no pueden concluir la educación básica. En el mismo sentido, señaló que hace falta actualizar la política sectorial de educación intercultural bilingüe y capacitar al menos a 26 000 docentes para los más de un millón de estudiantes. En relación al sector salud, precisó que hay insuficientes establecimientos de salud y los disponibles se encuentran en situación de precariedad. Además, manifestó que se requiere fortalecer la estrategia rural de vacunación contra la COVID-19 y que ésta debe incluir un diálogo previo.