Una transición energética para Latinoamérica y El Caribe (LAC), debe partir desde la gestión comunitaria y local, de tal manera que se construya un modelo desde la justicia social y ambiental, respetando los derechos y las propuestas de las comunidades e incluyendo impactos y beneficios comunitarios, este es uno de los principales pedidos que hacen líderes indígenas y la sociedad civil en la COP28, que se realiza en Dubai.
Esto se traduce en una transición energética justa comunitaria que contribuya a reducir la dependencia a los combustibles fósiles y ayude a frenar la pérdida de diversidad biológica.
“No es una novedad que cada cierto tiempo el sector petrolero impulsa la promoción de la extracción de hidrocarburos a costa de transgredir diversas normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros. Sin importar que varias de estas áreas cuentan con reconocimientos a nivel mundial como Reservas de Biósfera y sitios de patrimonio natural reconocidos por UNESCO”, señaló Iris Olivera, líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Por su parte, Elaine Shajian, presidenta de CORPI SL, Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, recalcó que la región Loreto es una de las zonas más afectadas por la industria petrolera debido a los derrames, por lo que pidió al estado peruano una transición energética justa para las comunidades y territorios indígenas.
“Es necesario que el estado peruano piense en cambiar las fuentes de energía por unas más justas con nosotros y nuestros territorios, el planeamiento debe incluir nuestras experiencias culturales, una mirada indígena y debe responder a nuestras necesidades. Por ejemplo, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, hubo derrames de petróleo en territorio indígena, en los ríos, en las cochas y hasta el momento no se ha remediado ningún impacto a raíz de eso atravesamos todos estos problemas”, destacó Elaine.
Más demandas
Otra de las demandas de la delegación peruana es que el Gobierno acepte los perjuicios que están causando los hidrocarburos en la Amazonía y que empiece una real transición energética, la cual requiere de institucionalidad y planificación con la ciudadanía en general, de manera que sea democrática, participativa e inclusiva y logre la conexión entre el acceso a la energía, el mejoramiento de los servicios básicos y un consumo eficiente.
En esa línea, Agilio Semperi, jefe de Comaru - Consejo Machiguenga del Río Urubamba, expresó que en la Amazonía del Cusco actualmente existen lotes de explotación de gas. “Son los principales lotes que existen en el Perú y el inicio de explotación de estos proyectos de gas se dieron sin consulta previa a los pueblos indígenas. No se han cumplido los compromisos firmados entre la empresa y el Estado de no continuar con las exploraciones sísmicas. Con los años hemos negociado con las empresas para implementar programas de vigilancia ambiental comunitaria, así como compensación por los territorios según los tiempos de contrato”.
Finalmente, los líderes indígenas advirtieron que en en la región Madre de Dios existen Áreas Naturales Protegidas que están en peligro si prospera la iniciativa de Perupetro en coordinación con autoridades regionales e incluso congresistas para la extracción de hidrocarburos en esa zona.