La Contraloría General de la República detectó que el Ministerio de Cultura afectó la legalidad del proceso de contratación del servicio de venta de boletos electrónicos para la entrada a 23 espacios culturales mediante dos órdenes de servicio, cuando correspondía que estas se ejecuten por procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, y ello provocó que se limite la participación de otros postores.
El contralor general, Nelson Shack, anunció en febrero que la Contraloría iba a realizar un servicio de control al proceso de visitas a los espacios culturales y museos a nivel nacional, por el caso de la venta de boletos digitales para el ingreso al santuario de Machu Picchu a través de la plataforma de un operador privado.
Al respecto, la comisión auditora evidenció que los servicios vinculados a la gestión de venta de boletos electrónicos fueron formalizados como contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UITs),con valores estimados que solo consideraron el servicio de alquiler de plataforma tecnológica y con pasarela de pagos, sin contemplar el porcentaje de la comisión (a los proveedores) por entrada vendida y transacción efectuada, pese a que ambos conceptos constituyen fondos públicos.
Se trata de las órdenes de servicios N° 03480-2023 del 4 de agosto de 2023 para el servicio “implementación de plataforma tecnológica virtual para los visitantes de bienes muebles prehispánicos – PlataformaTicketing” por un valor de 36 000 soles (12 000 para 2023 y previsión presupuestal de 24 000 para 2024) y N° 04938-2023-S del 18 de octubre de 2023 “Servicio de Pasarela de pagos por la venta de boletos a través de POS y en línea para el ingreso a los bienes inmuebles prehispánicos, museos e instituciones museables a cargo del Ministerio de Cultura” por un monto de S/ 5 917(986 correspondientes al periodo 2023 y previsión presupuestal de 4 931 para 2024).
Sobre no consideración de Kuélap y Machu Picchu
El Informe de Control Específico señala también que la orden de servicio N° 03480-2023-S fue modificada mediante 2 adendas, de las cuales, la primera (7 de noviembre de 2023) no fue emitida de conformidad con la Directiva N° 001-2023-SG/MC, al no evidenciarse un “hecho sobreviniente a la presentación de cotizaciones, no imputable a las partes” que sustente debidamente la inclusión de los espacios culturales Kuélap y Machu Picchu.
Desde Contraloría indicaron que estos espacios no fueron considerados inicialmente en la orden de servicio mencionada, pese a tener una gran afluencia de turistas que en conjunto superarían la concurrencia turística de los 21 espacios culturales seleccionados para el referido contrato, tal como se podía corroborar en los ingresos obtenidos por la visita a los espacios culturales de 2022.
Asimismo, el informe de control sostiene que, de los 23 espacios culturales considerados para el servicio, ocho no reunían las condiciones óptimas para implementar el servicio contratado al no contar con cobertura de internet y fluido eléctrico en la zona.
Estos son el Monumento Arqueológico Caral-Supe, Sitio Arqueológico de Ventanilla de Otuzco, Monumento Cumbemayo, Torre Mirador Líneas de Nazca, Museo Arqueológico Tambo Colorado, Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna – Moche, Sitio Arqueológico de Intihuatana –Pomacocha; y Museo Yacimiento Arqueológico y Museo de Sitio Wari.
Todos estos hechos se generaron por accionar de la exdirectora general de la Oficina General de Administración, en calidad de área usuaria, quien elaboró los términos de referencia, en conjunto con los exjefes de la Oficina de Abastecimiento por validad la indagación de mercado, omitiendo incluir los porcentajes de comisión por entrada vendida y transacción efectuada en el valor estimado de la contratación, según indicaron desde Contraloría.
El Informe de Control Específico N° 015-2024-2-5735-SCE, que comprende el periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de enero de 2024, determinó la presunta responsabilidad administrativa de los 3 exfuncionarios del Ministerio de Cultura, por lo que se recomendó a la ministra, Leslie Urteaga realizar las acciones para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades correspondientes.