El Consejo de la Prensa Peruana publicó este miércoles un comunicado para rechazar el proyecto de ley que supuestamente garantiza el principio de reserva del proceso de colaboración eficaz, pero en la práctica, afirman, supone una mordaza encubierta al tipificar el delito de difusión de la información.
"Este busca evitar que información de interés público –comprendida en un proceso de investigación vía colaboración eficaz– llegue a la ciudadanía. De publicarse información de un determinado proceso, por ejemplo, un caso de corrupción, a los medios de comunicación, el fiscal a cargo podría afrontar cargos administrativos y penales, incluso si no es este quien los transmite. Lo mismo podría suceder con quien esté comprendido en una investigación y comparta la información a un periodista", se lee en el pronunciamiento de la entidad.
La propuesta de Luis Cordero Jon Tay establece en su proyecto que el fiscal a cargo del proceso especial de colaboración eficaz es el encargado de garantizar la vigencia del principio de reserva y, además, responsable funcional por cualquier filtración que se realice durante la investigación. Por ello, de producirse alguna filtración se iniciará “de oficio” un proceso disciplinario. El Consejo de la Prensa Peruana solicita mandar la norma al archivo.
"La iniciativa busca, además, que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio. A todas luces un absurdo, pues la prensa en repetidas ocasiones ha hecho destapes que han sido determinantes para desentrañar corruptelas en el poder, como al presentarle a la ciudadanía los vladivideos en el año 2000", añadió.
Controversial propuesta
El ahora congresista acciopopulista propuso que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio por sí mismas, por lo que requerirán de otras “pruebas fiables y suficientes” para que puedan ser valoradas durante un juicio.
“Durante los últimos años hemos sido testigos de una actividad inusual por parte de los operadores de justicia, quienes han evidenciado una tendencia a declarar muchas veces más en las pantallas que en los propios tribunales, y esto se ha dado, debido a una serie de información propia de la actividad fiscal que termina filtrándose en medios de comunicación…”, justificó.