El Pleno del Congreso autorizó a su titular, Lady Camones, interponer una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad esclarezca las competencias que le corresponden al primer poder del Estado y determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial mediante una resolución.
Esto, en el contexto de la acción de amparo y medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, el 31 de mayo último, para dejar sin efecto el proceso de elección del defensor del Pueblo "por atentar contra los principios de transparencia, meritocracia, no arbitrariedad, y el derecho de participación en la vida política del país".
La decisión fue tomada por mayoría: 96 votos a favor, 18 votos en contra y dos abstenciones. Se enmarca en el artículo 108 (Legitimación y representación) y artículo 110 (Medida cautelar) del Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31307.
La congresista Ruth Luque manifestó su oposición a la presentación de esta demanda debido a que, en sus palabras, busca no acatar una decisión judicial y, con ello, se intenta decir que el Congreso es una isla con poder absoluto. Por su parte, la legisladora Rosangella Barbarán dijo que los congresistas deben empezar a hacer respetar la institución.
Intervinieron en el debate los parlamentarios Alejandro Aguinaga Recuenco (FP),Silvana Robles Araujo (PL),Waldemar Cerrón Rojas (PL),Alex Paredes Gonzales (BMCN),Edgar Tello Montes (BMCN),César Revilla Villanueva (FP),Elvis Vergara Mendoza (AP),Alejandro Muñante Barrios (RP),Alex Flores Ramírez (PL).
También Kelly Portalatino Ávalos (PL),Manuel García Correa (APP),Wilson Soto Palacios (AP),Luis Aragón Carreño (AP),Alejandro Soto Reyes (APP),Alfredo Pariona Sinche (PL),Sigrid Bazán Narro (CD-JP),José Balcázar Zelada (PB),Edwin Martínez Talavera (AP),Oscar Zea Choquechambi (PP) y Hernando Guerra-García (FP),
Comisión especial multipartidaria
El 8 de junio último el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional concedió dicha medida cautelar y suspendió, de forma temporal, el procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo; la demanda cuestionó el procedimiento de elección especial por invitación y la participación de la presidenta del Congreso en la comisión.
El 28 de febrero de 2022 el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de la Junta de Portavoces en el sentido de que sus miembros integren la Comisión Especial y la misma sea presidida por la congresista María del Carmen Alva Prieto, en calidad de presidenta supernumeraria.
Desactivada esta comisión, debido a la medida cautelar, el Pleno aprobó el 16 de junio siguiente, conformar una nueva comisión especial multipartidaria, integrada por nueve miembros; propuesta que fue aceptada con 98 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.
Es esta nueva Comisión Especial Multipartidaria la que, en estricta aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, modificada por Ley 29882, concluyó que la propuesta a presentar estaría conformada por tres candidatos aptos en el siguiente orden: Carlos Castro Barriga, Jorge Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.