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María del Carmen Alva, saliente presidenta del Congreso de la República, generó fuertes críticas en las últimas horas luego de que se conociera que aprobó el Acuerdo n.° 110-2021-2022/MESA-CR. La medida establece que ella y el resto de los integrantes de la Mesa Directiva mantendrán sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo.

La norma que permitirá a la todavía titular del Parlamento tener un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) por turno, como personal de seguridad adicional a los que se le asigna a cada parlamentario. Además de otros beneficios en transporte.

El documento justifica esta decisión señalando que, desde el 2009, se han aprobado beneficios para los integrantes de la Mesa Directiva cuando concluyen su gestión y que no necesita pasar por el pleno del Parlamento para su aprobación. Lady Camones Soriano, como primera vicepresidenta; Enrique Wong Pujada, como segundo vicepresidente; y Patricia Chirinos Venegas, como tercera vicepresidenta también se verán beneficiados con el acuerdo firmado.

Lady Camones renunció a beneficios otorgados

A través de un oficio dirigido a Alva, la primera presidenta del Congreso, Lady Camones, renunció a estos beneficios "por no considerarlo necesario para mi persona".

Los beneficios incluyen un suboficial, vehículo y gasolina para la expresidenta del Congreso, y los otros vicepresidentes de la Mesa Directiva.

Hasta el momento, es la única de la actual mesa directiva en pronunciarse al respecto de dejar sin efectos estos beneficios. 

 

 

Congreso se pronuncia tras las críticas

El Congreso de la República aseguró mediante un comunicado que el acuerdo de la Mesa Directiva que extiende los beneficios a María del Carmen Alva, Lady Camones, Enrique Wong y Patricia Chirinos por seis meses se debe a las presuntas amenazas de muerte contra la presidenta y la tercera vicepresidenta del Parlamento.

En el documento también se precisa que estos beneficios en un principio abarcaban el periodo de un año, pero que lo redujeron solo a seis meses y que el acuerdo de seguridad no solo se da en el Congreso sino en ministerios, donde inclusive los titulares de las carteras siguen gozando de beneficios incluso si son censurados.

"Sumadas a estas amenazas están las manifestaciones de agresión en las inmediaciones del domicilio de la presidenta del Congreso que han sido condenadas por todas las bancadas y mereció la solidaridad de todos los sectores políticos”, se lee en el pronunciamiento.