El pleno del Congreso aprobó en segunda votación con 91 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que faculta al defensor del Pueblo designar y remover en los cargos de defensores adjuntos, así como a nombrar al secretario de la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La propuesta modifica los artículos 4, 7, 9, 19 y 32 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para promover su fortalecimiento institucional.
Así, se establece que el defensor del Pueblo cesará por vencimiento del plazo de designación, una vez que haya sido elegido su sucesor y estará auxiliado por defensores adjuntos que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones previstas en esta ley.
Durante la votación, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular),sostuvo que el defensor del Pueblo contará con un mayor margen de discreción para la designación de adjuntos y jefes de oficinas defensoriales, lo que permitirá mayor armonía en las líneas de trabajo y redundará en el fortalecimiento institucional.
Cabe señalar que la norma había sido aprobada en primera votación en la sesión plenaria del pasado 4 de abril.
Cuestionamientos al dictamen
Al respecto, el exviceministro Iván Lanegra calificó el proyecto de " inconstitucional”, porque la carta magna establece que el mandato del defensor del Pueblo es por cinco años.
El politólogo aseguró que la norma “significaría un retroceso” en la aplicación del principio de idoneidad y meritocracia que tanto cuestionó el Congreso de la República en la era del expresidente Pedro Castillo.
“La propia entidad que promueve el tema de la idoneidad y meritocracia pretende dar marcha atrás en estos principios y eso es serio. Se quiere dar marcha atrás en cargos claves como los adjuntos, los jefes de las oficinas en departamentos y provincias y también convirtiendo en cargo de confianza el de secretario de la comisión que elige a la JNJ”, declaró al diario El Comercio.