Varios congresistas de diferentes bancadas presentaron una moción de orden del día que acuerda censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Genier Alvarado, "por su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo".
El lunes pasado, el ministro Geiner Alvarado se presentó ante el Congreso de la República para responder a dos pliegos interpelatorios. El también exministro de Vivienda es acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas.
Como parte de la primera moción, Alvarado respondió si tuvo vínculo laboral y/o profesional con las empresas JJ Espino Ingeniería y Construcción SAC, Destcon Ingenieros y Arquitectos SAXC y consorcio Gorgor y otras que hayan contratado con el Ministerio de Vivienda y Construcción, para realizar diversas obras y proyectos.
Además, detaló sus reuniones con los hermanos Anggi Espino y Hugo Espino y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, quien habría direccionado la obtención de obras para su ejecución con presupuestos en varios millones de soles en la región Cajamarca, entre otras localidades.
"Existe la necesidad que el ministro brinde las explicaciones del caso ante la representación nacional con la finalidad de aclarar los hechos señalados, toda vez que dicho funcionario estaría vinculado a una organización criminal y con serios cuestionamientos", refirió la congresista Norma Yarrow, promotora de esta iniciativa.
El primer pliego interpelatorio -de 14 preguntas- fue impulsado por congresistas de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Integridad y Desarrollo y Cambio Democrático – Juntos por el Perú, mientras que el segundo tuvo 9 preguntas adicionales.
Ministro niega imputaciones
Las interrogantes hechas al ministro Geiner Alvarado giraron en torno a que habría cometido presuntos hechos ilícitos en la modalidad de 'Licitaciones Públicas Fraudulentas' otorgando de esta manera la buena pro de millonarias obras públicas a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por ley y que, además, direccionaban las mismas a empresas con las que presuntamente habrían pactado una negociación.
Sobre ello descartó cualquier tipo de favorecimiento o direccionamiento de obras a favor del distrito de Anguía en la región Cajamarca. Añadió no solo en este gobierno se han transferido recursos a la municipalidad de Anguía, sino también en los gobiernos de Martin Vizcarra y Francisco Sagasti. "No es cierto que la suerte de Anguía cambió en este Gobierno", añadió.
El ministro explicó que los proyectos de pistas y veredas en Anguía se encontraban desde un inicio priorizados y recordó que cuando esta lista se redujo producto del techo presupuestal asignado, estos mantuvieron el orden de prelación, por lo cual fueron incluidos dentro de los 46 proyectos que fueron propuestos en el decreto de urgencia.
"Niego rotundamente conocer y haber sostenido reuniones de trabajo con Anggi Espino Lucana y Hugo Epino Lucana. Respecto a Yenifer Paredes y a la primera dama, Lilia Paredes, no he sostenido reuniones de trabajo, pero sí recuerdo que hemos coincidido en algunos eventos públicos donde ellas han participado", indicó.
Del mismo modo, el ministro negó tener una amistad con el investigado alcalde de Anguía, José Nenil Medina; sin embargo, reconoció que coincidieron en eventos públicos, donde participaron como funcionarios públicos.
Alvarado descartó haber atendido alguna solicitud de apoyo para la licitación de obras, así como haber tenido algún vinculo laboral con las empresas JJM Espino Ingeniería y Coonstrucción SAC, Destcon Ingenieros y Arquitectos SAC y Consorcios Gorgor.
También se refirió al Decreto de Urgencia Nro. 102-2021 que disponía la ejecución de gasto publico para la inversión de proyectos de saneamiento e infraestructura y en donde se ha reportado la autorización para obras de saneamiento y alcantarillado destinados al distrito de Anguía en Chota, Cajamarca por una suma superior a 500 millones de soles.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.