Las autoridades de Colombia han confirmado este domingo el asesinato de cinco personas en el municipio de la Unión, en el Valle del Cauca, en el oeste del país.
Así lo ha anunciado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),que ha detallado que una masacre en plena vía pública ha elevado el número de este tipo de actos a 57 en lo que va de año.
Según la información recogida por medios locales, en la vivienda en la que ha tenido lugar la masacre se celebraba una fiesta, cuando un grupo sin identificar los ha atacado, dejando cinco muertos y cinco heridos, uno de ellos en estado grave. El suceso ha causado conmoción en Colombia.
El alcalde local, William Palomino, ha detallado que la Policía está realizando las investigaciones necesarias sobre los móviles y posibles responsables de la masacre. También ha añadido que en las próximas horas tendrá lugar un consejo extraordinario de seguridad para examinar lo ocurrido.
La masacre ha ocurrido días después de un suceso similar que tuvo lugar en el municipio del Espinal, donde fueron ejecutadas tres personas, dos de ellas venezolanas. En este contexto está previsto que se celebre un Consejo de Seguridad de Colombia.
Entre las víctimas se encuentran Putumayo Puerto Caicedo, un firmante del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, quien realizaba actualmente su proceso de reincorporación en el departamento de Putumayo.
Asimismo, la líder indígena e integrante del grupo Piguambi Palangala, María Verónica Pai, también ha perdido la vida en el ataque.
Según los datos de Indepaz, son 102 los líderes y defensores de los Derechos Humanos asesinados en Colombia durante 2022, una cifra que asciende hasta los 1.336 personas desde la firma del Acuerdo de Paz.
Tribunal de paz imputa a 19 militares por asesinato de civiles
La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 19 militares por el asesinato de 303 personas, la mayoría civiles, que presentaron como caídos en combate entre 2005 y 2008.
Las ejecuciones forman parte de los llamados "falsos positivos", una escandalosa trama de sangre que armaron oficiales del Ejército para inflar sus resultados en la lucha contra las guerrillas.
En una declaración pública, la justicia especial de paz (JEP) aseguró haber reunido evidencia para formular cargos a los 19 militares, además de un agente de inteligencia y dos civiles, por el asesinato y desaparición forzada de cientos de personas en el departamento de Casanare (este).
Los uniformados pertenecían a la Brigada XVI, donde se terminó implantando "una organización criminal" para asesinar y presentar "falsamente" a civiles como guerrilleros o delincuentes "dados de baja en combate", señalaron los magistrados.
(Con información de Europa Press)