Ciudadanos realizaron plantón frente al Minem en contra de proyecto minero Ariana

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha dado luz verde al reinicio de operaciones del proyecto minero Ariana, ubicado en el distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín. Al respecto, un grupo de integrantes de la campaña ciudadana Día Cero Perú realizó un plantón en la sede del Minem, advirtiendo que la decisión estatal constituye una amenaza al derecho de acceso al agua potable de los habitantes de Lima y Callao.

“Más de 11 millones de peruanos de Lima y Callao podrían quedarse sin acceso a agua potable debido al reinicio del proyecto minero Ariana. Esta preocupación se fundamenta en la ubicación estratégica de la mina, que se sitúa en un área crucial para el abastecimiento hídrico de la mencionada región”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.

El proyecto, perteneciente a Southern Peaks Mining, ha sido objeto de controversia desde sus inicios, en el año 2016. En el 2019 un grupo de ciudadanos preocupados por la posible contaminación y reducción del suministro de agua para los pobladores de Lima y Callao presentó una demanda.

Juzgado ordenó suspensión del proyecto

Como parte de la campaña Día Cero Perú, activistas presentaron la demanda de amparo contra los permisos emitidos por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y el Director General de Minería, del Minem. Mediante estos permisos se aprobó el cuestionado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la etapa de explotación del Proyecto Ariana, se autorizó el plan de minado del proyecto de explotación y se dio el visto bueno para que la mina Ariana inicie la construcción de la planta de procesos metalúrgicos, el depósito de relaves e instalaciones auxiliares.

Aunque la empresa ha realizado algunas modificaciones, estas no abordan completamente los problemas fundamentales. Por eso, mediante estas acciones como los plantones buscamos visibilizar ante la sociedad el inminente peligro que significa la continuidad del proyecto Ariana”

En marzo de 2023, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima respondió la demanda y ordenó la suspensión del proyecto.

“La sentencia se basó en la necesidad de demostrar que las actividades mineras no ponen en riesgo los derechos fundamentales de acceso al agua, un medio ambiente sano y la salud de la población”, precisó De Echave.

No obstante, la PCM, los ministerios de Energía y Minas, y de Desarrollo Agrario y Riego, apelaron el año 2023 esta decisión judicial, un proceso que sigue en curso.

“Preocupa el respaldo que el proyecto ha recibido de entidades como la Autoridad Nacional del Agua, que emitió una opinión favorable basada únicamente en la ausencia de competencia con actividades agrícolas. Este respaldo, sumado al hecho de que el MINEM, siendo juez y parte, haya aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, genera dudas sobre la imparcialidad y la rigurosidad en la evaluación del proyecto”, resaltó De Echave.

Precisó que la empresa ha realizado algunas modificaciones mínimas a su proyecto, como alejar la presa del túnel, lo que le sirvió para que recientemente el Minem le autorice retomar sus operaciones.

“Aunque la empresa ha realizado algunas modificaciones, estas no abordan completamente los problemas fundamentales. Por eso, mediante estas acciones como los plantones buscamos visibilizar ante la sociedad el inminente peligro que significa la continuidad del proyecto Ariana”, enfatizó De Echave.

¿Qué se cuestiona del proyecto Ariana?

El proyecto minero Ariana, ubicado en Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín, propone realizar una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc. Para quienes lo cuestionan, su emplazamiento estratégico plantea serias preocupaciones.  Indican que este yacimiento se superpone a un área crucial del sistema Marcapomacocha, una red de lagunas y represas que abastecen de agua a la cuenca del río Rímac, vital para el suministro de agua en Lima y Callao.

Los voceros de Día Cero Perú señalan que la disputa no solo reside en el impacto ambiental inmediato, sino también en la falta de una planificación territorial integral.

De acuerdo a esta agrupación, la ubicación del proyecto en una zona de alta actividad sísmica, cercana al túnel Trans-andino y a ecosistemas frágiles, plantea serias interrogantes sobre la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo.