El Poder Judicial determinó que el próximo 04 de octubre se iniciará el juicio oral contra el abogado Rodolfo Orellana y los presuntos integrantes de su organización dedicada al saneamiento y el apoderamiento ilícito de bienes inmuebles.
Dicho juicio oral estará a cargo del Juzgado Penal Colegiado Nacional tras concluir la etapa de control de la acusación que fue presentada en 2019 por la fiscal Maríta Barreto —actual Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder— que por ese entonces estaba a cargo del caso.
En total, se trata de 64 personas naturales y 15 personas jurídicas, que han sido acusadas en este caso, tras la investigación fiscal, que se inicio en 2014. Además, han sido considerados 112 hechos de lavado de activos en la acusación. El Ministerio Público cuenta con más de 500 testigos y 5 000 pruebas documentales.
Solicitud de prisión
Por otro lado, la Fiscalia de Lavado de Activos solicitó 33 años y 4 meses de prisión para Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Reginfo.
Entre los acusados también figura el abogado y exmiembro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez Bacca, para quien se solicitó 26 años y 8 meses de prisión El exjuez supremo Robinson Gonzáles Campos para quien se pidió 13 años y 4 meses de prisión.
Las audiencias se desarrollarán en el edificio Carlos Zavala Loayza, sede del Poder Judicial y está previsto que el 10 de octubre, declare el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, en calidad de testigo en este caso.
En junio del presente año Poder Judicial ordenó la ampliación por 24 meses adicionales a una investigación que se le sigue al abogado Rodolfo Orellana junto a más de 60 personas por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
La decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundada en parte la solicitud realizada por el Ministerio Público para que se ordenara la prórroga de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses adicionales.
Además, el magistrado determinó que 24 meses adicionales es un plazo razonable para que puedan realizarse los actos de investigación pendientes para un cabal esclarecimiento de los hechos dentro de esta investigación preparatoria, cuyo periodo inicial de 36 meses venció el pasado mes de noviembre de 2021.
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