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La Policía reforzará la vigilancia de los jueces y los fiscales que participan en el proceso abierto por supuesto fraude contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, después de que en redes sociales se publicaran amenazas y llamamientos para seguir a los funcionarios.

La medida ha sido solicitada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que alude a la "mayor exposición mediática", según el diario La Nación. El caso ha generado división en el país, ya que para Fernández todo forma parte de una "persecución" política y judicial contra ella.

La Fiscalía ha pedido que Cristina Fernández sea condenada a doce años de cárcel e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos por una supuesta trama corrupta en Santa Cruz.

Tras esta petición, formulada el lunes, se realizaron movilizaciones de apoyo a la antigua presidenta, también este martes, cuando Fernández se dirigió a los ciudadanos desde su despacho en el Senado.

Por su parte, Cristina Fernández señaló que “la sentencia ya estaba escrita” por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015).

"Los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal", dijo Fernández, para luego quejarse de que no le hayan permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le hubieran rechazado la ampliación de su indagatoria.

Cristina Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.

Fiscalía pide inhabilitación política

Un fiscal solicitó este lunes una pena de 12 años de prisión así como su inhabilitación política para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de COVID-19.

La vicepresidenta Cristina Fernández, de 69 años, fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015),pero aún enfrenta cinco procesos.

En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.

(Con información de Europa Press y EFE)