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Cristina Fernández, de 69 años, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que durante su mandato (2007-2015) habría adjudicado de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena de personas.