El congresista Alex Paredes, integrante del Bloque Magisterial, justificó la decisión de esta agrupación de respaldar en el Pleno del Parlamento la aprobación por insistencia de la autógrafa de ley que debilita la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario consideró que, en adelante, la institución que tendrá la responsabilidad de velar por la calidad universitaria "es la Sunedu representada por la nueva composición de este Consejo Directivo, donde también forma parte un representante del Ministerio de Educación".
Asimismo, el legislador aclaró que la norma aprobada señala en uno de sus literales que la Sunedu podrá aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de las universidades y filiales. Por esta razón, calificó como "interpretaciones" la posibilidad de que con esta nueva modificación este organismo no puda cerrar universidades.
"(La norma) dice aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento. Se supone que cuando uno pide licenciamiento debe tener todas las condiciones exigibles por Sunedu. Yo sí confío en las personas que van a asumir esa responsabilidad", indicó.
En otro momento, el legislador del bloque oficialista consideró que el hecho de que el presidente Pedro Castillohaya observado esta normal, pese a que contó con el respaldo del Bloque Magisterial, cercana al jefe de Estado, "significa que vivimos en democracia y en respeto de decisiones de poderes y de representantes del pueblo peruano".
"En su momento nosotros también expusimos nuestro punto de vista con el profesor Pedro Castillo y se lo dijimos. Es parte de nuestras decisiones autónomas que tenemos como representantes de nuestras poblaciones, a quienes hemos escuchado en cada una de las regiones", señaló.
Finalmente, Paredes recordó que, entre los principales cuestionamientos a la Sunedu, tal como estaba configurada, se encuentra "la forma de selección de las personas que están, quiénes las integran, quiénes rinden cuentas", así como la participación del expresidente Francisco Sagasti "en todas las comisiones de selección".
"Hay que darles institucionalidad a estas instancias. La institucionalidad la dan a quienes representan. Se ha hablado que regresa la ANR (Asamblea Nacional de Rectores),pero mienten porque no la van a integrar rectores. Se habla de dos representantes de las universidades públicas, pero se entiende que son de las licenciadas", indicó.
Congreso aprueba la ley que atenta contra Sunedu
El Pleno del Congreso aprobó el pasado miércoles por insistencia la autógrafa de ley que debilita la autonomía de la Sunedu. La norma modifica la conformación del consejo directivo de la institución y serán elegidos nuevamente rectores de universidades.
La norma se aprobó con 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones. Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya, tuvo un altercado con el congresista Edward Málaga. Por otro lado, el parlamentario Alex Paredes insistió en que la calidad universitaria no decaerá con la nueva composición de la Sunedu.
El Congreso había aprobado en mayo pasado, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). El argumento de quienes apoyaban la norma era de que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.
La iniciativa legislativa aprobada por el Congreso modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, que pasaría a estar integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.
El gobierno de Pedro Castillo observó la medida señalando que la ley supone una "violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, cuando, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones".
Además, el documento presentado por el Poder Ejecutivo resalta que la ley generará perjuicio directo a las universidades públicas porque dejarían de percibir financiamiento adicional gestionado por el Ministerio de Educación.