Judiciales
"Es muy grave, sobre todo, esta pretensión de instrumentalizar el Tribunal Constitucional", dijo Vásquez
El magistrado de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, criticó la decisión del pleno del Congreso de autorizar a Alejandro Soto para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional como respuesta a la resolución del Poder Judicial que suspendió provisionalmente su inhabilitación y la de la magistrada Inés Tello.
Al respecto, Vásquez dijo que los legisladores pretenden utilizar al Tribunal Constitucional para lograr lo que no pudieron en el Congreso.
"Es un nuevo intento de una mayoría parlamentaria que lo que busca en esta oportunidad es instrumentalizar al Tribunal Constitucional para lograr aquello que no han podido alcanzar con los votos en el Congreso, ni en el Poder Judicial", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
"La Procuraduría a cargo de los asuntos del Congreso hace un tercer intento por afectar esta decisión judicial. El primer intento es la apelación, lo cual es legítimo y tendrá que resolverse en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Pero, además, pidieron la represión de actos homogéneos ante el Tribunal Constitucional. Y como no han tenido una respuesta, ahora plantean una tercera vía, que es una demanda competencial acompañada de una medida cautelar", manifestó.
"Es gravísimo (el planteamiento de la medida cautelar),porque si ellos alcanzaran su propósito, la doctora inés Tello y quien habla podríamos estar fuera de la Junta Nacional de Justicia en los próximos días. Es muy grave, sobre todo, esta pretensión de instrumentalizar el Tribunal Constitucional", agregó.
"Son un conjunto de iniciativas que buscan disolver la JNJ"
En otro momento, Vásquez mencionó que lo que el Congreso pretende es disolver la JNJ para crear una Escuela Nacional de Justicia.
"Ya dejó establecido el Tribunal Constitucional que cuando se trata de una eventual vulneración de derechos fundamentales en juicio político, como es el que hemos tenido que sobrellevar los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es plenamente legítimo el control constitucional", indicó.
"Estas acciones contra la Junta Nacional de Justicia son un conjunto de iniciativas que buscan, finalmente, lapidar, disolver la JNJ. La otra, que no se ha discutido de modo suficiente, es la propuesta de crear una Escuela Nacional de Justicia, que en verdad lo que busca es la disolución de la JNJ. Y eso plantea explícitamente aun cuando ya existe una Academía de la Magistratura que lo único que necesita son más recursos", finalizó.
Los silencios del gobernador Oscorima
No se le puede negar el derecho a guardar silencio, como han hecho otros dirigentes políticos antes que él. Pero Oscorima debería saber que al mantener la incertidumbre en torno a la presidenta no hace sino prolongar un clima político que no le conviene a nadie.
