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Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, justificó la reciente denuncia que interpuso la defensa del jefe del Estado contra el coronel PNP Harvey Colchado por el allanamiento a Palacio de Gobierno. El letrado negó que esto busque su destitución, pese a que el documento pide su pase al retiro por una supuesta falta grave.

"La denuncia abre paso a una investigación. No se está pidiendo que se descabece al señor Colchado o que se le destituya. Lo que se está pidiendo es que el coronel Colchado, como agente policial, ¿tiene algún tipo de blindaje para no ser investigado? ¿Ahora los policías que participan en una diligencia policial no pueden ser investigados?", indicó.

"¿No pueden ser sometidos a un escrutinio o examen del ejercicio de sus funciones? Lo que se está poniendo en conocimiento es que se investigue, no que se condene, no que se sanciones. Se debe investigar, por supuesto, y eso pasa con el coronel (Harvey) Colchado y con cualquier otro policía", añadió.

En otro momento, Benji Espinoza cuestionó la reciente orden de 30 meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial contra Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, como parte de la investigación que le sigue el Ministerio Público por presunta organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

"Los jueces deben considerar que la prisión (preventiva) es el último recurso, es la excepción de la excepción y no debe ser ni normalizada ni debe ser tomada en cuenta como una regla general. Lamentablemente, el juez, desoyendo jurisprudencia vinculante, ha establecido que en el Perú primero se detiene y luego se investiga"

"Es lamentable pero los jueces se equivocan. Por eso, cuando se equivocan, para eso existe el recurso de apelación, para que sea una sala la que revise si el juez se equivocó o acertó", agregó el abogado.

En declaraciones a la prensa, el abogado de Pedro Castillo precisó que la primera dama, Lilia Paredes, a quien también defiende, niega haberle pedido al empresario Hugo Espino Lucana un chip te telefonía para que no sea interceptada, tal como afirmó el propio investigado, quien recientemente se acogió a la confesión sincera ante el Ministerio Público.

"Hay que entender siempre las cosas en función del contexto. Espino, llamado a declarar sin ligaduras, sin privársele de la libertad, sin estar detenido, decía ser inocente, que todo era una patraña, que era un conjunto de infundios (las acusaciones),que la primera dama no era responsable de nada y Yenifer (Paredes) tampoco", indicó.

"(Hugo) Espino cambia y se transforma cuando es detenido, cuando se le detiene a su hermana embarazada. Cuando de por medio está su libertad, dice que es testaferro, que es un hombre de confianza, un delincuente y que han delinquido con él. Lamentablemente, las detenciones están sirviendo para obtener colaboradores eficaces", agregó.

 

La denuncia del presidente Castillo

La semana pasada el presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, presentó un oficio al inspector general de la Policía en el que pide que inicie un proceso sancionador que derive en el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, jefe del Equipo Especial, por realizar la orden de allanamiento en Palacio de Gobierno, el pasado 9 de agosto.

El mandatario solicitó que se inicie un proceso disciplinario y se abra una investigación contra el coronel PNP Harvey Colchado y que al culminar este, "se imponga la sanción de muy grave; en consecuencia, su pase al retiro de forma inmediata" en cumplimiento de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía.

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó, además, una queja contra el fiscal Hans Aguirre, a cargo de la diligencia, y el juez Raúl Justiniano, quien ordenó el allanamiento a la Residencia Presidencial que está dentro de Palacio de Gobierno.

En el argumento del pedido presentado por el presidente Pedro Castillo se menciona que el pasado 9 de agosto el coronel Harvey Colchado y otros cinco policías del grupo especial de apoyo a la Fiscalía, acudieron a Palacio de Gobierno para ejecutar una orden de allanamiento, descerraje y registro para detener, además, a Yenifer Paredes.

En este documento se atribuye a Harvey Colchado el "haber vulnerado la inmunidad del presidente" por haber ejecutado la orden de allanamiento descerraje y registro domiciliario con fines de detención e incautación de bienes de la cuñada del jefe de Estado en la Residencia Presidencial que se encuentra dentro de Palacio de Gobierno.

Mediante escrito remitido al inspector de la Policía, el jefe del Estado demanda que, al culminar este proceso disciplinario, se disponga su pase al retiro de forma inmediata como una "sanción muy grave". En este oficio se remarca que el presidente tiene "material y documentos clasificados como secreto y de seguridad del Estado" dentro de la Casa de Gobierno.

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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.