El mejor amigo del hombre, el amigo fiel o el engreído de la casa. Así consideramos a los perros, pequeños seres que nos llenan de alegría y que no solo tenemos como mascotas, sino que son miembros importantes de nuestra familia, y que este 21 de julio tienen una fecha especial marcada en el calendario: el Día Mundial del Perro.
Sin embargo, más allá de celebrar, la finalidad de la fecha es concientizar a las autoridades y ciudadanos en general sobre la necesidad de desterrar el abandono y el maltrato animal. Una manera de hacerlo es con políticas eficientes desde el mismo Estado.
Con esa finalidad, el 30 de junio del año pasado se aprobó en el Congreso de la República la Ley 31311, conocida como ‘Ley Cuatro Patas’, que establece la esterilización de perros y gatos como una política de salud pública.
Lamentablemente, ya pasó más de un año y hasta ahora no se puede aplicar por falta de reglamento, una tarea pendiente de realizar por el Ministerio de Salud (Minsa).
En junio último El Comercio informó sobre el tema que el 17 de enero de 2022 el Minsa dio cuenta de la existencia de un Proyecto de Plan de Trabajo de Anteproyecto de reglamentación de la Ley 31311 y del proyecto de conformación de la comisión multisectorial, “el cual deberá ser aprobado mediante un Decreto Supremo”.
Este 21 de julio este medio consultó al área de comunicación del Minsa sobre el estado del referido reglamento, pero se nos indicó que por el momento no había respuesta sobre el tema.
¿Qué permitirá el reglamento?
En el Perú existen más de seis millones de perros abandonados, mientras que en Lima hay más de cuatro millones de canes sin hogar, según los registros de la organización Voz Animal fechados al 2019.
Teniendo en cuenta estas cifras y que en algunas zonas del país aún persiste la rabia canina, se espera que esta ley animalista garantice la integridad y salud de las personas, a través de programas de esterilización y manejo poblacional humanitario de perros y gatos.
Su reglamentación permitirá por lo tanto incorporar la promoción de la esterilización como componente de la política nacional de salud pública, a través de un trabajo en conjunto con gobiernos regionales y locales, con el fin de que se realicen campañas de información y acciones de esterilización a costo social.
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