Las demandas por los peajes en Lima Sur no se detienen con la suspensión en Conchán. El alcalde de Lurín apeló para que también se eliminen los peajes de San Pedro y Arica, mientras que el alcalde de Santa María del Mar pide retirar los siete peajes de toda la Panamericana Sur.
Jorge Chávez reside desde hace 32 años en la asociación de vivienda San Antonio, ubicada en Lurín. Como muchas otras familias del sur de Lima, su vida cotidiana se ha visto afectada por la presencia del peaje de Conchán. Junto a aproximadamente 500 familias, participó en una demanda que llevó a la Municipalidad de Lurín a presentar un habeas corpus, alegando que el cobro del peaje vulneraba su derecho al libre tránsito.
El conflicto se enmarca en una disputa mayor entre la empresa concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los residentes de zonas cercanas, comoSan Antonio, deben pagar 7.50 soles cada vez que cruzan el peaje, incluso si no salen de su propio distrito. La falta de rutas alternas adecuadas ha agravado la situación, ya que las vías disponibles no garantizan un tránsito fluido ni seguro.
En marzo de 2024, luego de 39 intentos fallidos, la Municipalidad de Lurín logró que el Poder Judicial emitiera un fallo a su favor, ordenando la suspensión inmediata del cobro en el peaje de Conchán. Esta decisión fue bien recibida por la comunidad local, que desde hace años enfrentaba el alto costo del peaje y las deficiencias en la infraestructura vial. Sin embargo, la controversia continúa.
RUTAS DE LIMA CUMPLIRÍA CON MANTENIMIENTOS DE VÍAS CONCESIONADAS
Evitar el peaje significaba tomar una ruta alterna. Los vecinos tenían que seguir la antigua Panamerica Sur, ir hasta Chorrillos, dar toda la vuelta para cambiar de dirección de norte a sur, y luego pasar por una trocha de tierra para llegar a su casa. Un recorrido que tomaba más de una hora de tiempo.
Desligandose de las responsabilidades y conociendo el largo camino que debían tomar las personas, el abogado de Rutas de Lima, Ives Becerra, responsabilizó a la Municipalidad de Lima.
«También es cierto que si los vecinos requieren que las vías estén en buen estado. Esas vías las tienen que hacer sus autoridades como la Municipalidad de Lima«, agregó el abogado.
Rutas de Lima sostiene que la medida judicial atenta contra un contrato de concesión válido, ratificado en procesos de arbitraje previos, y advierte que esta situación podría comprometer la inversión extranjera en el país. La empresa señala además que sigue cumpliendo con el mantenimiento de las vías concesionadas, a pesar de la suspensión de los ingresos por peajes.
PEAJES BAJO LA LUPA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SUSANA VILLARÁN
Esta situación no es un hecho aislado. En el norte de Lima, el Tribunal Constitucional ya había ordenado en marzo de 2024 la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra, exigiendo que antes se construyan rutas alternas. Sin embargo, según Rutas de Lima, la Municipalidad de Lima no ha cumplido con esa obligación, generando pérdidas económicas considerables.
La validez del contrato entre Rutas de Lima y la Municipalidad está también bajo la lupa debido a los presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de activos. Se discute si estos antecedentes justifican la nulidad del contrato, lo que tendría implicancias legales y económicas de gran escala, incluyendo demandas por compensaciones millonarias.
«Rutas de Lima invirtió más de 2200 millones. Hay inversión que se tiene que recuperar vía el cobro de peaje, y no es solo en Rutas de Lima«, mencionó Ives Becerra, abogado de Rutas de Lima.
Durante su campaña municipal, Rafael López Aliaga prometió anular el contrato de concesión de Rutas de Lima, argumentando que fue firmado por Susana Villarán cuando Odebrecht era accionista mayoritario de la concesionaria, y que la exalcaldesa recibió aportes de la empresa brasileña para financiar su defensa contra la revocatoria que enfrentaba.
En paralelo, la situación en Lima Sur sigue evolucionando. Tras la suspensión del peaje de Conchán, el alcalde de Lurín ha solicitado la eliminación de los peajes de San Pedro y Arica, mientras que otras autoridades distritales piden retirar los peajes a lo largo de toda la Panamericana Sur. En este escenario, persisten dudas sobre quién asumirá el mantenimiento de las vías y cómo se garantizará el derecho al libre tránsito sin comprometer la seguridad jurídica de las inversiones.