A pesar que se pensó que la visita de la OEA iba a significar un espaldarazo al actual gobierno esto no fue así. Lo que pocos imaginaban era que una sentencia del Tribunal Constitucional iba a respaldar la posición de la defensa del presidente Castillo y echarse abajo una acusación constitucional por traición a la patria.

Visto los resultados y las últimas encuestas parecía que el gobierno tomaba la delantera y se estabilizaba, las constantes denuncias del Ministerio Público y los enfrentamientos mutuos y sin cuartel parecían haber inmunizado a la opinión pública que increíblemente le daba un aumento en las cifras de aprobación a nuestro actual gobernante.

El Congreso y Ejecutivo se enfrascaron en una suerte de discusión estéril, presentando de uno y otro lado torpe e inexplicablemente cuestiones de confianza y acusaciones constitucionales que el mismo Tribunal Constitucional ya había señalado que no tenían sustento, dejando de lado temas tan importantes para el país como la reforma laboral, la masificación del gas domiciliario, la no postulación a cargos de elección de personas investigadas por delitos dolosos y otras tantas reformas necesarias para que el país avance.

Luego de este bochornoso espectáculo ya quedó claro que la salida a esta crisis no va por el legislativo, creo que es necesario impulsar y apoyar al Ministerio Público a que realice sus investigaciones lo antes posible.

De esta manera se podrán tomar acciones más contundentes con investigaciones formalizadas, no dando pie a que se diga que son indicios, sino pruebas tangibles y colaboraciones eficaces ya aprobadas por el Poder Judicial.

Él es el llamado a ser severo con los actos de corrupción que vaya encontrando sin vulnerar ningún derecho que luego pueda ser reclamado y termine anulando lo ya avanzado, las colaboraciones no aprobadas (sin valor legal) por el poder judicial e imputaciones periodística constantes.

Lo único que vienen generando es una sobre victimización de los señalados o investigados, que les dará beneficios en la opinión pública de las zonas más alejadas de nuestra patria, siendo esto caldo de cultivo para opciones electorales radicales que señalan que Castillo está en esta situación por no cumplir un plan comunista y expropiatorio.

Debemos ser conscientes que Lima no es el Perú, el país no puede seguir con sus poderes conflictuados. La vacancia presidencial o suspensión deben darse en el marco de un sustento probatorio indiscutible.

Todo cierre del Congreso sería desastroso, ilegal e inconstitucional, traería incertidumbre en los mercados y caos en nuestra economía, nos hemos convertido en un país políticamente inviable, algunos dicen que cualquier cosa puede pasar. Les digo a ellos, luchemos para que cualquier cosa no pueda pasar.

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