Por: ANTERO FLORES-ARAOZ / Fiscalía debe investigar, pero bien

En noviembre de 2020, luego que el Congreso de la República, vacara a Martin Vizcarra del cargo de Presidente de la República, que había asumido tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Congreso entregó la Presidencia de la Nación, a quien era en aquel entonces presidente del Parlamento, esto es a Manuel Merino.

Algunos, seguramente por falta de cultura jurídica, han dicho que ello fue un golpe de Estado. Pues no señor, fue absolutamente legítimo, pues en la línea de sucesión presidencial, al no existir vice presidentes correspondía asumir la función al presidente del Congreso, en aplicación estricta de mandato de la Constitución del Estado, dado que no debería existir vacío de poder.

Manuel Merino asumió con total legalidad y legitimidad la Presidencia de la República, nombrando al que escribe este artículo como presidente del Consejo de Ministros, quien propuso de acuerdo a su atribución a las demás personas que integrarían el Gabinete Ministerial. Francamente, como la mayoría hoy reconoce, un Gabinete de primer nivel, con personas adecuadas, de amplia solvencia intelectual y moral, con experiencia y conocimiento que garantizaban que en los 8 meses que deberían estar en el cargo, podrían enderezar las deficiencias en el tratamiento de la pandemia del Covid 19, vacunar a la población, recuperar la economía del país deteriorada por los efectos colaterales de la pandemia, poner orden en la gestión del Estado y facilitar que hubiera un proceso electoral limpio y transparente. Es un orgullo haber presidido ése Gabinete.

Penosamente, no se pudo hacer todo lo programado, pues por un lado el Congreso de aquel entonces, el mismo que había encumbrado a Merino de Lama, a la Presidencia de la República, le quitó el piso. Se produjeron marchas de protesta contra el Presidente en funciones, las que se habían iniciado en forma pacífica, pero instigadas por algunos políticos que muy probablemente querían instalarse en Palacio de Gobierno, las marchas y concentraciones de protesta se convirtieron en violentas, existiendo muchísimas personas que se infiltraron en ellas para generar el caos, para hacer disturbios, para destrozar propiedad pública como privada, para agredir a otras personas, para atacar a los policías, para destrozar patrulleros, motocicletas y vehículos porta tropas, con el lamentable saldo de dos jóvenes fallecidos, decenas de heridos civiles y policías.  Incluso había delincuentes que clamaban porque hubiera muertos para que cayera el gobierno de Merino, lo que efectivamente sucedió con la renuncia del Gabinete Ministerial y del Presidente de la República, quienes con su actitud impidieron mayores hechos de sangre.

Se imputó irresponsablemente a Merino y su gabinete, la desaparición de muchas personas, que con el correr de los días, todos estaban vivitos y coleando, esto es, no les importó mentir a los instigadores de las marchas  para lograr sus malévolos propósitos.

En menos de una semana de la conducción del país por Merino y su gabinete ser ratificó y confirmó la convocatoria a elecciones generales, con lo que se prueba que quienes decían que Merino quería perpetuarse en el poder, era falso. También se logró que el Perú pudiese participar en la Asamblea de APEC, de la que había sido excluido, con lo cual indirectamente el gobierno de Merino fue reconocido por los países económicamente líderes en el universo.

Por otro lado, se promulgaron leyes de contenido social, para paliar la sufrida economía de millones de familias peruanas, se cambió embajador en la OEA, se liberalizaron reglas de convivencia social dictadas debido a la pandemia.  Se hizo todo ello y más, pese a que los anteriores ministros de Vizcarra abandonaron sus puestos y no entregaron sus despachos a sus sucesores, quienes ciertamente se las vieron negras para cumplir con sus obligaciones en bien del Perú.

Se debe señalar que se presentaron al suelo patrio, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de algunas otras entidades especializadas en el tema, las que ni siquiera invitaron a dar sus versiones a Merino y sus ministros.  Estuvieron un par de días en el Perú, muy parecido a las misiones de observadores electorales internacionales, que se alojan en magníficos hoteles, disfrutan de la gastronomía peruana y del sensacional pisco iqueño, para luego regresar a sus países y con imaginación tan grande como los mejores novelistas, inventar responsabilidades inexistentes y hasta exceso de uso de la fuera por la Policía Nacional, que como se ha podido acreditar era falso. Reclamaban por los Derechos Humanos de los manifestantes, pero olvidaron los de los policías que fueron salvajemente agredidos.

Nada dijeron de los infiltrados, que utilizaban armas hechizas, perdigones de metal, cañicas, avellanas, fuegos artificiales, y diversas otras armas no letales que la Policía ni tenía ni tampoco utiliza, como posteriormente se pudo acreditar.

Esos fueron los hechos, que hoy por lo general se reconoce, a lo que hay que agregar que hubo cierta prensa malévola, que en lugar de informar con la verdad, las 24 horas del día estaban dale que dale con que el gobierno de Merino era golpista, que había dado órdenes para crear el caos y atacar a la población civil. Mucho de esto era porque presumían que se reduciría la muy generosa contratación de publicidad estatal, más que por necesidad, para retribuir favores.

La entonces Fiscal de la Nación, al día siguiente que renunció el Presidente Merino y su gabinete, dispuso iniciar investigación preparatoria, supuestamente para responsabilizarnos por los dos fallecidos y por los heridos, aunque con olvido de los lesionados de la Policía Nacional, así como que sus fiscales de prevención del delito habían fracasado en su tarea.

No solamente la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos olvidó aquello, sino también el hecho de que el país estaba en emergencia nacional, decretada por el gobierno precedente de Martin Vizcarra, en que se encontraban suspendidos los derechos de libertad personal, inviolabilidad domiciliaria y reunión, emergencia complementada con la sanitaria que disponía distanciamiento social, uso de mascarillas protectoras y hasta toque de queda.  Nada de esto cumplieron los manifestantes, tanto los de buena fe como los otros.

Como el Ministerio Público no pudo encontrar las responsabilidades que se achacaban a las autoridades renunciantes, ya que no habían dado ninguna orden de represión, se le ocurrió a la señora Fiscal de la Nación, de denunciarnos -después de once meses de ineficientes pesquisas – nada menos que de no haber impedido los hechos de sangre, como si fuésemos garantes de la vida e integridad de los 33 millones de peruanos, no existiendo ninguna norma que nos diera tal responsabilidad.  La imaginación de la Señora Fiscal de la Nación fue enorme, pero bamba como ciertos diplomas que no quiero recordar.

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