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Medida coercitiva solicitada por el Ministerio Público alcanza también a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Hoy viernes 3 de marzo, desde las 9:30 am, el Poder Judicial (PJ) evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el vacado expresidente Pedro Castillo, y sus exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El Ministerio Público sindica al exmandatario como el líder de una supuesta “organización criminal familiar” que operaba desde Palacio de Gobierno, y como sus miembros a los exfuncionarios incluidos en el requerimiento fiscal, a la ex primera dama Lilia Paredes y a la hermana de esta Yenifer Paredes.

Pedro Castillo ya cumple un régimen de prisión preventiva de 18 meses en el Penal Barbadillo por el presunto delito de rebelión tras el autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022; no obstante, de declararse fundada esta nueva medida coercitiva en su contra, el expresidente permanecerá recluido por mucho más tiempo.

Por otra parte, Juan Silva actualmente está prófugo de la justicia y se cree que estaría asilado en el vecino país de Venezuela; y Geiner Alvarado está colaborando con las pesquisas fiscales.

Como se recuerda, este requerimiento fue elevado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos días después de que el Ministerio Público dispusiese la formalización la investigación preparatoria contra Castillo, y de que el PJ avalara esa decisión.

La formalización se pudo lograr gracias a que el pasado 17 de febrero, el pleno del Congreso aprobase con 58 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo en octubre pasado.

Cabe señalar que se han cursado varios recursos a fin de liberar al depuesto golpista: Walter Ayala, quien fuera su exministro de Defensa, presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sacar a Castillo de prisión y reponerlo en la Presidencia; por otra parte, la Federación Nacional de Abogados del Perú interpuso un hábeas corpus a favor del golpista, pero el recurso fue rechazado por el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Lima.

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