Poder Judicial admite a trámite demanda de extinción de dominio

El Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima admitió a trámite una demanda de extinción de dominio en contra de ocho inmuebles a nombre de Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug, y pasen a propiedad del Estado.

Los inmuebles que serían incautados son los que se encuentran ubicados en Punta Sal (Tumbes) y en la urbanización Camacho, en el distrito de La Molina (Lima). Ambas propiedades se encuentran al nombre del expresidente y de su esposa, Eliane Karp.

Asimismo, una casa, tres estacionamientos y dos depósitos, que se están ubicados en el distrito de Santiago de Surco. Estas propiedades se encuentran a nombre de la suegra del jefe de Estado, Eva Fernunbug, de quien también sería incautada una cuenta bancaria por la suma de USD 42, 237.70, “más intereses que corresponde”.

De acuerdo con la información del Poder Judicial, esta demanda busca que se declare como titular de los derechos al Estado peruano, bajo la representación del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) de manera definitiva.

Esta demanda fue presenta por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio. De acuerdo con la tesis fiscal, estas propiedades fueron adquiridas con los millonarios sobornos que habría entregado la empresa brasileña Odebrecht al exmandatario Toledo.

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Ética aprueba investigar al congresista Luis Cordero

Hay novedades en el sonado caso del congresista Luis Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, quien es sindicado de participar de una presunta red de espionaje durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo y tener supuestos vínculos con Jorge Hernández Fernández, más conocido como ‘El Español’.

En una votación unánime, la Comisión de Ética del Congreso de la República declaró procedente la denuncia en contra del legislador fujimorista y ordenó el inicio de la investigación.

Cordero Jon Tay viene siendo investigado por presuntamente ser parte de unas negociaciones en Panamá para comprar un sistema de interceptación telefónica, que iba a ser usado para ‘chuponeos’ en favor del gobierno de Castillo.

Se le sindica de ser el responsable de proporcionar el número de su colega de bancada, Martha Moyano, quien ocupa la vicepresidencia del Congreso, para hacer una prueba y acceder de manera ilegal a sus conversaciones.

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