Decisión se tomó a raíz de pedido de la ONG de izquierda Amnistía Internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que España dejará de venderle material antidisturbios al Perú a raíz de una solicitud presentada por la ONG de izquierda Amnistía Internacional, organización que ha denunciado una supuesta “represión” policial registrada durante las violentas “manifestaciones” antigubernamentales de las últimas semanas.
“En el momento que empezó esta situación de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú, como hacemos siempre. Nosotros apoyamos los derechos humanos en todos los países, no hacemos distinción”, declaró el funcionario.
Previamente, el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que seguían con atención la convulsión social en el Perú. Había indicado también que las solicitudes de material policial se analizarían “caso por caso”.
Como se recuerda, estas “protestas” iniciaron al día siguiente de que Pedro Castillo fuese vacado por el Congreso de la República debido a que perpetró un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.
Entre los reclamos de la población movilizada está la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia por reemplazo constitucional, el cierre del Parlamento, el llamado a nuevas elecciones generales, la convocación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución, y la restitución del depuesto expresidente.
Cabe señalar que el país iberoamericano es el principal proveedor de material antidisturbios del Perú, y que dicho equipamiento habría sido utilizado por las fuerzas del orden para enfrentarse a las turbas violentistas que, entre otros delitos, han intentado secuestrar aeropuertos, han destruido propiedad pública, y quemaron vivo al suboficial PNP José Luis Soncco Quispe.
No obstante, Amnistía Internacional solo denunció unos supuestos “ataques generalizados” hacia la población por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que la “grave crisis de derechos humanos” que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
“Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, durante la presentación de los hallazgos preliminares de la misión que investiga la crisis peruana.
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