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Predictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución. Proyecto de reforma constitucional deberá ser ratificado en el Pleno del Congreso.

Con 10 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un predictamen de reforma constitucional que propone prohibir que aquellos sentenciados por terrorismo, homicidio, corrupción, entre otros delitos puedan ser funcionarios públicos designados o elegidos por voto popular incluso después de haber cumplido sus condenas.

La iniciativa, recaída en los proyectos de ley 672/2021-CR, 682/2021-PE, 691/2021-CR, 916/2021-CR, 1244/2021-CR, 1374/2021-CR, etc., busca garantizar la idoneidad en la función pública. Según el documento, este impedimento aplica hasta 10 años después de que el condenado haya sido rehabilitado.

“En el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoria en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión dolosa de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio en sus diversas modalidades, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional; el impedimento resulta aplicable hasta diez años después de haber sido rehabilitadas”, se lee en el texto.

El predictamen aprobado en la mencionada comisión del Congreso modifica los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, los cuales precisan los impedimentos para acceder a un cargo público.

Una vez que este predictamen sea agendado, deberá ser sometido a votación en el pleno del Congreso y por tratarse de una reforma constitucional, deberá ser aprobado por mayoría simple y luego por un referéndum, o por dos votaciones en dos legislaturas diferentes con más de 87 votos.

Como se recuerda, a mediados de febrero de este año ya se había debatido esta iniciativa legislativa. En esa ocasión, la propuesta de reforma constitucional buscaba que la prohibición alcanzará hasta los 20 años posteriores a ser puestos en libertad de los condenados por los delitos descritos.

 

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