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También está acusada de recortar sueldo a su extrabajador. Camila Mantilla Heredia tendría algunos beneficios dentro del despacho.

La congresista Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) continúa en el ojo de la tormenta luego de ser acusada de recortarle el sueldo a uno de sus extrabajadores, ya que es ahora contrató a la enamorada de su hijo en el Legislativo.

De acuerdo a Punto Final, Camila Mantilla Heredia es novia de su hijo Jeffrey Marrufo Ruiz, tal y como se observa en las fotografías a la que accedieron.

La joven labora como “asistente de nivel 2″ desde el 11 de febrero de 2022 en el despacho de la legisladora de APP hasta al menos enero de 2023.

Durante este tiempo, Mantilla registró viajes a Colombia y Estados Unidos junto al hijo de Magaly Ruiz, con quien habría empezado su relación desde hace un año, según publicaciones en redes sociales.

A través de un chat de WhatsApp, se visualiza que la trabajadora tendría algunos beneficios dentro del despacho de la parlamentaria. En la conversación, se afirma que solo trabaja «martes y jueves», mientras los demás días «estudia».

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Centros Comerciales rechazan cierre de sus locales y negocios

La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), manifestó su “absoluto rechazo” ante el cierre de locales que se vienen efectuando desde inicios de año por parte de diversas municipalidades.

“En representación de gremios identificados con los centros comerciales, restaurantes y empresas afines, nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestro absoluto rechazo a las medidas extremas que vienen adoptando diversos gobiernos municipales contra nuestros negocios y emprendimientos”, indicó Accep en un comunicado.

“Tales autoridades, recién iniciadas sus funciones el 1 de enero del presente año, desarrollan una ofensiva hostil y arbitraria en perjuicio de dichas actividades empresariales, disponiendo el cierre de los establecimientos por supuestas negligencias o inobservancia de normas relativas a la seguridad de los visitantes”, agregó.

Accep sostiene que ha podido confirmar que, en la totalidad de los casos, no hubo razón valedera para proceder radicalmente a través de la clausura de locales.

“Todas las observaciones planteadas eran menores y subsanables en el corto plazo. Las empresas sindicadas, formales y del universo contribuyente del país, siempre han sido las primeras interesadas en cumplir la ley con rigurosidad”, apuntan.

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