Por: Ángel Delgado Silva / Las torpes declaraciones del Primer Ministro Martos insuflaron un grado más de presión a la tensa caldera política peruana. Involucrar a los militares en la crisis presente es un desatino que arriesga peligrosamente el futuro nacional. Pretender que la actuación delictiva de Vizcarra, imposible ya de ocultar, sea defendida con razones institucionales, resulta una bobería supina. ¡No señores! No hay conflicto de poderes en esta historia. Menos aún, políticas de estado en liza.
Los ilícitos de la época moqueguana son asuntos criminales propios del derecho penal y sus procedimientos. En ningún caso deberán asimilarse a la lógica de la confrontación política, correspondiente a los regímenes democráticos. ¡No nos confundamos!. El que el actual Congreso, prohijado por Vizcarra –no lo olviden– y con muchas bancadas llanas a negociar prebendas, se vea impelido a dar trámite a la vacancia por incapacidad moral, no significa la guerra del fin del mundo. Lo más probable es que la sangre no llegue al río, por la infranqueable barrera de los 87 votos requeridos. Pero la representación nacional está obligada a hacer la finta del caso. Lo exigen su ala radical, a la par que queda bien con una opinión pública escandalizada por la miseria moral del actual mandatario.
En este contexto, llamar a las FF.AA. a oponerse a una eventual vacancia constitucional, clausurando otra vez al Parlamento, es un medida golpista sin disimulo. Implica quebrar el Estado de Derecho groseramente. Y el general Martos, de ministro de estado, se degrada a un matón de los albañales.
¿Hasta dónde defender lo indefendible?. Hay demasiada desesperación en los burócratas, por encubrir a un delincuente común. Aunque se parapeten en las prerrogativas e inmunidades de los altos funcionarios, la imputación a Vizcarra es por coima vulgar. Aunque chillen en defensa de las elecciones, el principal peligro para su transparencia radica en el fraude orquestado desde la cúpula del poder, para beneplácito del bandido de Palacio. Y aunque hablen de cuidar el tablero democrático y sus reglas, no vacilan en clamar por un golpe de estado castrense.
Al compás de los días, estas actitudes irresponsables están poniendo en grave riego los destinos de la Nación. La insania de los aduladores por coartadas para el truhan que ocupa la Casa de Pizarro, puede llevar al país a un estallido generalizado. La falta de escrúpulos de Vizcarra, más su negado sentido del honor, alientan aventuras demenciales atizadoras de turbulencias violentas. Y la flama resultante que se yergue puede devorarnos a todos.
Justamente, ante estas situaciones límites, el constitucionalismo universal ha previsto un procedimiento político, expeditivo y oportuno, para librar a los pueblos de aquellas graves amenazas gestadas en las alturas del poder. Es un hecho que cualquier gobernante, cuyos actos expongan a su país a una debacle como la que atraviesa el Perú, no está moralmente capacitado para dirigirlo.
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