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Poder Judicial abrió las puertas del extranjero a Susana Villarán    

Juzgado le impuso caución de solo 20 mil soles.

La ex alcaldesa de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente (72) podrá recorrer el mundo con libertad. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acaba de declarar infundado el pedido del Ministerio Público para que se le impida trasponer nuestras fronteras durante 36 meses.

El tribunal, sin embargo, le impuso una serie de restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles, dentro de la investigación por la adenda N° 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, que fue acumulado en las pesquisas de los aportes de Odebrecht a la campaña del No a la revocatoria y su reelección en el 2014.

El juzgado en cambio declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y dictó impedimento de salida del país por 2 meses contra los coprocesados de Villarán, Miguel Prialé, José Miguel Castro, Diego Ferré Murguía, Daniella Canales Hernández y Augusto Rey Hernández de Agüero.

Este espinoso caso fue acumulado en las pesquisas que se realizan contra la ex alcaldesa bajo el cargo de haber recibido aportes de la empresa Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en el 2014.

El juez Jorge Chávez Tamariz accedió en abril último a la petición del fiscal José Domingo Pérez, en este caso en el que están comprendidos Susana Villarán, José Miguel Castro y Domingo Arzubialde por el delito de colusión.

El Ministerio Público imputa a Susana Villarán haber solicitado a través de Castro al presidente de la empresa OAS, José Adelmario Pinheiro Filho, dinero para incumplir las obligaciones de su cargo, en relación con estas negociaciones irregulares.

OAS tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla, y en la gestión de Villarán se firmó una adenda para ampliar de 30 a 40 años la concesión del peaje. Odebrecht, como accionista del proyecto Rutas de Lima, firmó contrato con la Municipalidad de Lima en enero de 2013.

Susana Villarán es procesada por los delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, vinculados a la presunta recepción de dinero de parte de la constructora brasileña.

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