Fiscalía formaliza denuncia penal contra altos mandos PNP por homicidios de Inti y Bryan

Precisa que hubo uso indiscriminado de la fuerza en protestas contra Manuel Merino de Lama

El Ministerio Público formalizó denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía Nacional por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y otros, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos durante las protestas ciudadanas de noviembre de 2020.

La denuncia comprende al teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo, y los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez.
Todos ellos fueron comprendidos en la investigación por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud -en la modalidad de asesinato con alevosía–, lesiones graves y leves, y contra la administración pública –en la modalidad de abuso de autoridad–, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, al teniente general Jorge Lam Almonte, en su calidad de comandante general (e) y subcomandante general PNP, a quienes se les imputa ser autor mediato, en dominio de organización, de la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, al haber ordenado y emitido disposiciones para la realización de las operaciones policiales en las protestas de noviembre.

En tanto, al general Jorge Luis Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales, se les sindica como coautores de los mismos delitos, al haber ejecutado la represión policial indiscriminada y distribuido los roles específicos con sus subordinados.
Investigación fiscal
La fiscal Jhousy Aburto Garavito, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, señala que los altos mandos policiales tuvieron conocimiento de los hechos, y, abusando de su alta jerarquía, habrían ordenado el uso de la fuerza pública, de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal.
Ese uso de la fuerza se realizó, según precisa el fiscal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas, para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el nuevo gobierno de Manuel Merino de Lama.
Precisa también que el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los efectivos de la Policía estuvo dirigido contra los manifestantes y los periodistas que cubrían las movilizaciones portando sus credenciales de “prensa”.
“Estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional (…) La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, sustenta la fiscal en su denuncia.
Represión arbitraria
La fiscalía señala que durante la investigación se determinó que los imputados habrían concertado un plan criminal ordenando, autorizando y ejecutando la utilización de los medios de la policía de manera arbitraria.
Producto de la represión, Bryan Pintado Sánchez recibió una descarga de perdigones de plomo directo al cuerpo: cuatro impactaron en su cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho, lo que acreditarían que fue asesinado de la manera alevosa.
Inti Sotelo Camargo, a su vez, recibió el impacto de un perdigón de plomo en el tórax. El certificado de necropsia señala que falleció por laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax por proyectil de arma de fuego, que pudo ser disparado por una escopeta calibre 12.
Vulneración de los derechos humanos
La investigación fiscal tiene como premisa que los delitos de homicidio, lesiones graves y leves y el abuso de autoridad se dieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, toda vez que los efectivos policiales, al ejercer su función, habrían hecho un uso indiscriminado, desproporcional e ilegal de la fuerza pública, afectando derechos  fundamentales a la vida, la salud, integridad, libertad de expresión, a la protesta, entre otros.
La fiscalía declaró complejo el caso y estableció un plazo de ocho meses para la investigación, la misma que puso en conocimiento del juez de investigación preparatoria especializado en crimen organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Cabe recordar que, por este mismo caso, el pasado lunes la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, denunció constitucionalmente a Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, en su condición de expresidente, expremier y exministro del Interior, respectivamente, como presuntos autores de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, a título de dolo eventual.

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