La crisis política y social que marcó el inicio del gobierno de Dina Boluarte ha vuelto al primer plano.
La Fiscalía de la Nación, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la jefa de Estado y una serie de ex altos funcionarios, a quienes se les imputa responsabilidad directa por las muertes registradas durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La denuncia alcanza a Boluarte Zegarra, así como a los exministros Pedro Angulo (Presidencia del Consejo de Ministros),Luis Otárola (Defensa y luego PCM),César Cervantes (Interior),Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero, todos ellos involucrados en la gestión de la crisis y la toma de decisiones en torno al uso de la fuerza pública.
¿Qué dice la denuncia?
El documento acusa a los denunciados de incurrir en los delitos de lesiones leves y graves, así como en una eventual responsabilidad por homicidio calificado en el contexto de las protestas, en las que se registraron más de 60 muertes, en su mayoría civiles, incluyendo adolescentes y personas que no participaban directamente en las movilizaciones.
La Fiscalía sostiene que existió una cadena de mando operativa y política que permitió, encubrió o no impidió que agentes del Estado actúen fuera de los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente en el uso de fuerza letal.
“Las decisiones tomadas por las más altas autoridades del Ejecutivo no solo no evitaron la violencia, sino que la propiciaron mediante la autorización de operativos desproporcionados en regiones de alta tensión social”, se lee en uno de los apartados clave de la denuncia.
Contexto: una administración bajo fuego desde el inicio
Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso. La sucesión fue legalmente respaldada, pero socialmente rechazada por amplios sectores, especialmente del sur andino. Lo que siguió fue una de las crisis sociales más agudas de las últimas décadas: movilizaciones masivas, paralizaciones regionales, toma de aeropuertos y una represión letal sin precedentes desde los años del conflicto armado interno.
El Estado respondió con estados de emergencia, militarización de zonas civiles y operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco concentraron los mayores niveles de represión y número de víctimas.
Diversos organismos nacionales e internacionales —entre ellos la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo— documentaron indicios de ejecuciones extrajudiciales, uso indiscriminado de armas de fuego y discursos de criminalización de la protesta.
Una denuncia de peso: ¿qué implica constitucionalmente?
Esta denuncia constitucional se presenta ante el Congreso en calidad de antejuicio político, mecanismo constitucional que permite procesar a altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de su función.
Si el Congreso la admite y encuentra mérito, podría suspender a Boluarte de sus funciones para que sea procesada penalmente. La última vez que un presidente en ejercicio enfrentó este escenario fue Martín Vizcarra, aunque en su caso por acusaciones de corrupción, no por violaciones a los derechos humanos.
Dado el actual equilibrio de fuerzas en el Parlamento, el trámite legislativo no está garantizado. Un sector importante de congresistas mantiene una alianza tácita con el Ejecutivo, lo que podría trabar el proceso. Sin embargo, el coste político y simbólico de blindar a una mandataria acusada por muertes civiles podría ser alto para algunos bloques.
Otros procesos abiertos: un Estado bajo lupa judicial
Esta no es la única acción que ha tomado el Ministerio Público. Paralelamente, ha formalizado una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo por uso indebido de bienes del Estado, específicamente un helicóptero del Ejército para fines personales. Además, siguen en curso investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en torno a la mandataria actual, a raíz del caso conocido como “Rolexgate”.
¿Qué viene ahora?
La denuncia marca un punto de inflexión. A medida que avancen las investigaciones, y dependiendo de la respuesta del Congreso, podría abrirse el camino hacia un juicio político sin precedentes en el Perú democrático. La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia, pero en intervenciones pasadas ha negado cualquier responsabilidad, asegurando que “el gobierno no ha dado la orden de matar”.
Mientras tanto, la sociedad civil y los familiares de las víctimas exigen justicia, reparación y garantías de no repetición. En las regiones afectadas, la presentación de la denuncia ha sido recibida con esperanza, aunque también con escepticismo ante la capacidad del sistema político para sancionar a sus más altos representantes.