El fallo revoca una resolución previa y responde al riesgo de fuga del exministro, investigado por presuntamente favorecer a un condenado de la organización criminal ‘Los Injertos de K y K’.
Decisión judicial marca giro en caso que involucra al aparato de justicia
El Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dictó impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, como parte de la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Esta medida fue dispuesta luego de que el tribunal superior declarara fundado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de la Nación, revocando así una decisión anterior del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que había rechazado la solicitud de la fiscalía.
Según la resolución, existe un riesgo procesal concreto de fuga, lo que motivó al máximo tribunal penal a imponer la restricción migratoria. El Poder Judicial señaló en su cuenta oficial en la red social X que, tras valorar los elementos probatorios, se concluyó que el imputado podría “rehuir a la acción de la justicia”, por lo que corresponde adoptar medidas cautelares efectivas.
El trasfondo del caso: influencias a favor de un condenado por crimen organizado
El caso gira en torno a las presuntas gestiones ilícitas que habría realizado Santiváñez ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de beneficiar a Miguel Marcelo Salirrosas, alias “Tío Jhony”, un expolicía sentenciado por asociación ilícita para delinquir y usurpación, y sindicado como miembro de la organización criminal Los Injertos de K y K.
De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez habría aprovechado su posición de poder y su red de contactos institucionales para intentar modificar las condiciones penitenciarias de Salirrosas o favorecer una eventual revisión de su sentencia, lo que configuraría una conducta de tráfico de influencias agravada. Este tipo penal contempla sanciones severas, al implicar un aprovechamiento indebido del aparato público para fines particulares.
El giro procesal: apelación fiscal y fundamentos de la Corte Suprema
El 20 de marzo de 2025, el juez supremo de investigación preparatoria había rechazado el pedido de impedimento de salida. No obstante, la Fiscalía de la Nación —a cargo de la investigación— apeló la decisión, alegando que existían suficientes elementos para presumir peligro de fuga y obstaculización del proceso.
La Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo Manuel Luján Túpez, quien asumió la ponencia por impedimento del magistrado César San Martín Castro, dio la razón a la Fiscalía, revocando la decisión anterior y ordenando que la resolución sea notificada de inmediato a todas las partes procesales.
La Sala señaló que, dada la gravedad del delito imputado, la posición de poder que ocupó el investigado y la posibilidad de que ejerza influencia sobre testigos o instituciones involucradas, la medida cautelar restrictiva se justifica plenamente.
Reacciones y posibles impactos institucionales
A la fecha, el exministro Santiváñez no ha emitido un pronunciamiento oficial. No obstante, diversas voces desde el Congreso y la sociedad civil han comenzado a cuestionar los criterios de designación de altos funcionarios en el Ejecutivo, especialmente en sectores sensibles como el del Interior, que maneja áreas clave como la Policía Nacional, la inteligencia interna y la seguridad ciudadana.
El caso también ha puesto en el radar a instituciones como el Tribunal Constitucional y el INPE, ante la posibilidad de que hayan sido objeto de presiones indebidas, lo cual podría derivar en nuevas indagaciones por parte del Ministerio Público o la Procuraduría.
En el ámbito político, este proceso judicial representa un nuevo golpe para la imagen del Ejecutivo, que ha tenido que enfrentar múltiples cuestionamientos por la designación de funcionarios con investigaciones o antecedentes judiciales.
El entorno del beneficiado: “Tío Jhony” y su red criminal
Miguel Marcelo Salirrosas, alias Tío Jhony, cumple condena por su vinculación con Los Injertos de K y K, una organización delictiva dedicada a la extorsión, usurpación de terrenos y tráfico de influencias, que operaba con apoyo de agentes policiales y operadores del sistema judicial.
Según fuentes fiscales, esta organización habría intentado infiltrarse en instituciones estatales mediante sobornos y presiones, a fin de lograr beneficios penitenciarios, sobreseimientos judiciales o retrasar procesos en curso. La supuesta actuación de Santiváñez se inscribiría en esta estrategia más amplia de influencia.
Próximos pasos en el proceso
Con el impedimento de salida del país vigente hasta finales de 2026, la Fiscalía continuará recabando medios probatorios, declaraciones, peritajes y documentos que permitan sustentar una posible acusación formal. De comprobarse los cargos, el exministro podría enfrentar penas que superan los 8 años de prisión efectiva.
Asimismo, se espera que en las próximas semanas se interroguen a funcionarios del TC, el Minjus y el INPE, como parte de una línea de investigación orientada a determinar si hubo complicidad interna o recepción de favores indebidos.
Reflexión final
El caso Santiváñez no solo evidencia las tensiones entre el sistema político y judicial, sino que también revela las grietas en los filtros de acceso al poder. Cuando un exministro es investigado por intentar favorecer a un condenado por crimen organizado desde el corazón del Estado, la institucionalidad queda seriamente comprometida.
En un país donde la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales retos, este proceso marcará un precedente clave para determinar hasta qué punto el sistema judicial puede resistir las presiones del poder político. La ciudadanía, por su parte, observa con atención si este será un ejemplo de justicia firme o una oportunidad más perdida en la lucha por la transparencia.