Una red criminal en el Ministerio Público, presuntamente encabezado por la suspendida fiscal Patricia Benavides, involucra a diferentes figuras públicas del ámbito político y judicial, y entre ellos Óscar Nieves, consejero legal de la presidenta Dina Boluarte.
En el marco de la operación ‘Valkiria XI’, que estuvo a cargo del fiscal Christian Niño Torres, de Eficcop, equipo dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, se allanaron dos oficinas del estudio ‘Nieves Vela Estrategias, Gestión & Servicios Legales S.A.C.’, uno ubicado en Calle Santander 133, y otro en avenida La Mar 550, ambos en el distrito limeño de Miraflores.
Según el informe del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y las nuevas declaraciones del ahora colaborador eficaz Jaime Villanueva, Óscar Nieves habría pagado una alta suma de dinero para conseguir el archivamiento de una investigación por lavado de activos a su entonces patrocinado, Camilo Peirano Blondet.
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Asimismo, se relata que Miguel Ángel Girao y Marco Miguel Huamán sostuvieron una reunión con Villanueva, en la cual se acordó que el exasesor se comunicaría Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, para conseguir que se archive la investigación.
Tras esto, Jaime Villanueva se comunicó con Vela, y le dijo que, por encargo de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debía enviarle información sobre el estado de la investigación contra Camilo Peirano Blondet, y que para ello le enviaba un ‘ayuda memoria’, que fue facilitado por Óscar Nieves, para una mejor ubicación del documento.
Patricia Benavides principal investigada del operativo ‘Valkiria XI’
Vale recordar que la suspendida fiscal Patricia Benavides es investigada por los delitos de organización criminal, cohecho activo y pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica y encubrimiento personal.
Esta diligencia fue a raíz de la filtración de los chats del poder de Eficoop, donde Benavides, mediante su exasesor Jaime Villanueva, también habría movido sus influencias ilícitamente en las votaciones del Congreso, tanto para la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos, como para la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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