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A esta conclusión llega el informe del reconocido jurista peruano José Hurtado Pozo, profesor emérito de la Universidad de Fribourg (Suiza) y referente internacional en la materia, confirmando la denuncia de EXPRESO respecto a la incautación ilegal de los bienes de la UAP.

El informe analiza la situación jurídica de la UAP y concluye que la Disposición N° 35 vulnera la legalidad penal, al privar a la Universidad de su calidad de sujeto pasivo en el delito de administración fraudulenta, situación legal de la cual se desprende su condición de perjudicada por los actos delictivos de gestión desleal perpetrados por sus exgerentes en su propio beneficio.

Hurtado Pozo señala con claridad que “la Universidad Alas Peruanas tiene la condición de ‘perjudicada’ por el delito de lavado, ya que los activos involucrados en el caso provienen del acto delictivo previo contra el patrimonio societario cometido por sus exgerentes”, y que “en estos casos específicos de blanqueo, la persona jurídica es perjudicada por consecuencias del delito de lavado sobre los fondos societarios fraudulentamente extraídos del patrimonio social en detrimento de la propia persona jurídica (la UAP)”.

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El informe señala también que la imputación realizada por la Fiscalía, así como no reconocer la real cualificación jurídica de la UAP como agraviada, no solo es incorrecta sino también ilegal.

“La imputación dirigida contra la UAP vulnera la legalidad penal, ya que al analizar los hechos objeto de proceso, se constata que no cumplió los presupuestos legales para la imputación de consecuencias accesorias, conforme a lo establecido en los artículos 105 y 105-A del Código Penal”, argumenta José Hurtado Pozo. “Estos son indispensables para atribuir cargos por lavado de activos a la persona jurídica (en este caso, la UAP)”, agrega el reconocido jurista.

Incautación ilegal

La exprocuradora Katherine Ampuero coincide con Hurtado Pozo y señala que la incautación de 37 inmuebles de la UAP también fue un acto ilegal, al convertir a la UAP en “supuesto cómplice” cuando en realidad fue “una víctima”.

Amparados en esta imputación ilegal, el Ministerio Público incautó los inmuebles sin que exista a la fecha una incorporación formal al proceso, llegando incluso a incautar bienes que se encontraban en fideicomiso, lo que constituye un acto arbitrario y contrario a las normas. Los bienes en fideicomiso son inembargables, tal como lo señaló Registros Públicos cuando se intentó inscribir la medida de incautación sobre los inmuebles en fideicomiso.

“Lo que hizo la Fiscalía fue desfalcar a la Universidad de manera ilegal. Lo que debe suceder es que el Ministerio Público y el Poder Judicial emitan una resolución que cambie su condición jurídica de investigada a agraviada, porque esa disposición que la incorpora como sujeto activo es agraviante, perjudicial y vulnera la legalidad penal.

Quien fue afectada por los actos ilícitos de la familia Ramírez fue la Universidad Alas Peruanas”, indicó Ampuero.
La exprocuradora también señala que al dilatar el proceso y no corregir el acto ilegal se continúa perjudicando a la UAP, a los estudiantes, los trabajadores y los dueños de la UAP, la Cooperativa Alas Peruanas.

“El Poder Judicial debe reconducir esta situación y devolver legalidad a este proceso, devolviendo a la UAP sus inmuebles, que ya se repartieron a instituciones públicas irregularmente. No podemos permitir que luego de los largos procesos se le diga a la UAP nos equivocamos, pero tus locales ya los tienen asignados locales públicos. Eso no puede seguir sucediendo”, añade.

¿Investigación direccionada?

La UAP ha denunciado que las acciones del Ministerio Público no contarían con sustento jurídico ni fáctico para pretender imputar a la universidad los hechos delictivos cometidos en perjuicio de su patrimonio, por lo que existiría la aparente intención de perjudicar a la UAP e impedir su reincorporación al mercado universitario, a través del otorgamiento de un nuevo licenciamiento.

La denegatoria habría permitido la incautación planeada, que era inminente, a pesar de que los locales incautados estaban listos para operar y poder recibir a alumnos en los meses siguientes.

La exprocuradora Katherine Ampuero señala que la actuación de la Fiscalía ha provocado la destrucción de la UAP, al incautar todos sus bienes sin tener una fundamentación legal para hacerlo, y ha desfalcado a la Universidad, quitándole toda posibilidad de continuar en el mercado universitario. ¿Cuál sería su motivación? ¿Qué intereses existen para que se hayan ensañado con la UAP, a pesar de que resulta claro que dicha institución es la única perjudicada en todo esto? Estas son preguntas que el Ministerio Público debe responder cuanto antes.

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