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El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley, que aún deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, mediante el cual se autoriza a las empresas privadas del país a comprar sus propias vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

Las únicas condiciones que impone la propuesta son que el 50 % de las dosis adquiridas sean donadas a la red de salud pública y que las vacunas hayan sido previamente aprobadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa),reguladora del sector en el país.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Jair Bolsonaro, fue promovida por un grupo de grandes empresas privadas que pretenden inmunizar a sus empleados a fin de recuperar cuanto antes la normalidad de sus actividades productivas.

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Hasta ahora, en Brasil han sido vacunadas unas seis millones de personas, que representan el 3 % de una población de 210 millones de habitantes. Sin embargo, en casi todo el país la campaña de vacunación ha sido virtualmente suspendida debido a que las dosis se han agotado y hasta ahora no se ha retomado su distribución, lo cual deberá ocurrir en los próximos días.

Cabe señalar que, hasta el momento, el país solo adquirió las vacunas del laboratorio chino Sinovac y la desarrollada por AstraZeneca junto con la Universidad británica de Oxford.

En el primer caso, hay un acuerdo de cooperación con el Instituto Butantan, de Sao Paulo, que por ahora envasa la llamada Coronavac y solo comenzará a producirla localmente hacia fines de este año. Mientras que con la vacuna de Astrazeneca existe un convenio similar con el Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Río de Janeiro, que también este mismo año prevé comenzar a producir el antídoto en sus propias plantas.

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El Ministerio de Salud asegura que este año inmunizarán a todo el país pese a que ambos institutos brasileños no están en condiciones de iniciar su propia producción por el momento y las dificultades de entrega en el mercado internacional. Por ello, la Corte Suprema permitió que los Gobiernos regionales y municipales adquieran vacunas por su propia cuenta.

La única condición será, de acuerdo con el tribunal, que esas vacunas hayan sido aprobadas previamente por “reconocidas agencias internacionales”, aún cuando todavía no cuenten con el aval de las autoridades sanitarias brasileñas.

Cabe señalar que la gestión de Bolsonaro frente a la crisis ha llevado a la Fiscalía, con el aval del Supremo, a iniciar una investigación en torno a supuestas “omisiones” del Ministerio de Salud en el combate a la pandemia y el uso de medicamentos de dudosa eficacia en la red sanitaria pública.

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